El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella puso en conocimiento de los organismos de control y de investigación una serie de presuntas irregularidades administrativas y posibles hechos de corrupción relacionados con recursos públicos que superarían los $370.000 millones.
Las denuncias hacen parte del consolidado elaborado por el denominado Empalme Anticorrupción y fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que estas entidades adelanten las investigaciones correspondientes.
Uno de los casos señalados está relacionado con un contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones por parte del Ministerio de Defensa y la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC). De acuerdo con el análisis técnico realizado durante el empalme, se habrían identificado posibles sobrecostos de hasta el 85 % y un eventual detrimento patrimonial superior a los $20.700 millones.
El Gobierno electo también indicó que algunos de los equipos adquiridos habrían sido entregados sin completar su instalación y sin contar con geolocalización operativa. Asimismo, señaló que existen reportes del Ejército Nacional relacionados con fallas consideradas críticas en la capacidad de inhibición de los sistemas.
Otro de los procesos puesto bajo conocimiento de las autoridades corresponde a una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por un valor aproximado de $24.800 millones. Según la denuncia, la adjudicación se habría realizado pese a existir una orden judicial que suspendía el proceso de selección del cual se originó la contratación.
El Empalme Anticorrupción también presentó nuevos elementos relacionados con un contrato de servicios jurídicos de CENIT, filial de Ecopetrol, cuyo valor estaría cercano a los $23.000 millones.
En este último caso, las denuncias hacen referencia a posibles presiones de carácter político, sugerencias de determinados perfiles profesionales al contratista y presuntas modificaciones o eliminaciones de mecanismos destinados al control y seguimiento de la ejecución contractual.
Las actuaciones ante los organismos competentes fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción.
A pocos días de la posesión presidencial, el Gobierno electo aseguró que continuará trasladando a las autoridades los hallazgos técnicos y jurídicos que sean identificados durante las auditorías del proceso de empalme, con el propósito de proteger los recursos públicos y permitir que las posibles irregularidades sean investigadas por las entidades competentes.
