La Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella solicitaron formalmente a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) abstenerse de suscribir un contrato interadministrativo por $10.500 millones con ALDESARROLLO, mientras se revisan aspectos relacionados con su legalidad, conveniencia y transparencia.
El contrato estaría destinado a la administración de los proyectos estratégicos Ranchería–San Juan y Triángulo del Tolima. Ante las inquietudes planteadas alrededor del proceso, el gobierno entrante pidió que no se avance con su celebración hasta contar con las verificaciones correspondientes.
De acuerdo con el pronunciamiento, si la ADR continúa con la suscripción del contrato sin que previamente sean aclaradas las dudas existentes, los hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
La administración electa indicó que serán estos organismos, dentro de sus respectivas competencias, los encargados de determinar si procede adelantar actuaciones preventivas o investigaciones relacionadas con el proceso contractual.
La solicitud fue presentada en el marco de lo que el gobierno entrante ha denominado “Empalme Anticorrupción”, una estrategia con la que asegura estar realizando seguimiento a decisiones contractuales adoptadas durante los últimos días de la administración saliente y que puedan tener implicaciones sobre los recursos públicos.
En su pronunciamiento, el gobierno electo reiteró que la vigilancia sobre el patrimonio público y la transparencia en los procesos de contratación serán prioridades de la próxima administración, denominada “Gobierno de la Patria Milagro”.
Hasta el momento, la información suministrada corresponde al pronunciamiento del gobierno electo. Se espera conocer la respuesta de la Agencia de Desarrollo Rural frente a la solicitud y las observaciones formuladas sobre el contrato con ALDESARROLLO.
