La mesa de concertación del salario mínimo para 2026 concluyó sin acuerdo y con profundas diferencias entre empresarios, sindicatos y pensionados. Ante la falta de consenso, las centrales obreras y las confederaciones de pensionados radicaron formalmente sus salvedades ante el Ministerio del Trabajo, mediante una comunicación dirigida al ministro Antonio Sanguino.
El principal punto de discordia fue el porcentaje de incremento. Mientras los gremios empresariales propusieron un ajuste cercano al 7%, sustentado en indicadores como inflación, productividad y crecimiento económico, las centrales sindicales CUT, CGT y CTC insistieron en un aumento del 16%, argumentando que el salario mínimo actual no cubre el costo real de la canasta básica familiar.
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Según los sindicatos, esta propuesta se ampara en el principio constitucional del salario mínimo vital y móvil y en estudios de la OIT, que evidencian la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Con ese incremento, el salario mínimo llegaría a $1.650.680 en 2026.
Las organizaciones obreras también cuestionaron los temores sobre posibles efectos negativos en empleo e inflación, señalando que aumentos recientes por encima del IPC no generaron desequilibrios significativos. Además, pidieron revisar la indexación de tarifas al salario mínimo, al considerar que reduce el beneficio real para los trabajadores.
Por su parte, las confederaciones de pensionados CPC y CDP respaldaron parte del análisis sindical, pero advirtieron que alzas muy superiores a la inflación podrían afectar a quienes reciben mesadas superiores al salario mínimo, las cuales solo se ajustan con el IPC. Por ello, solicitaron revisar el régimen legal de reajuste pensional.
Con la concertación agotada, el Gobierno deberá definir el salario mínimo por decreto, una decisión que marcará el rumbo económico y social del país en 2026.
