La junta directiva de Ecopetrol decidió en su sesión del lunes 6 de abril la salida temporal de su presidente, Ricardo Roa, en una medida orientada a mitigar el impacto institucional y reputacional que enfrenta la compañía en medio de la coyuntura electoral y de procesos judiciales en su contra.
La decisión, adoptada tras varias reuniones del máximo órgano de la estatal, establece que Roa iniciará un periodo de vacaciones entre el 7 de abril y el 27 de mayo de 2026, seguido de una licencia no remunerada desde el 28 de mayo por 30 días calendario, lo que lo mantendrá apartado del cargo hasta finales de junio, es decir, después de las elecciones presidenciales.
Durante este periodo, la presidencia será asumida de manera interina por el vicepresidente de Hidrocarburos, Juan Carlos Hurtado, quien tendrá a su cargo la operación de la empresa en un momento estratégico. La compañía destacó su trayectoria, que incluye roles como vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción, así como su formación como ingeniero electricista, especialista en proyectos y MBA en petróleo y gas.
La salida temporal de Roa se produce en un contexto de alta tensión. El directivo enfrenta investigaciones por presunto tráfico de influencias y posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, de la cual fue gerente. Aunque no fue destituido, la combinación de vacaciones y licencia ha sido interpretada como una fórmula intermedia para evitar una ruptura institucional, permitiendo que los procesos avancen sin que esté al frente de la compañía y reduciendo la presión sobre la junta.
Según lo previsto, su eventual regreso coincidiría con el cambio de gobierno y la posible designación de una nueva junta directiva. En ese escenario, su rol se limitaría a coordinar el proceso de empalme con la Comisión de Empalme y con el nuevo presidente de Ecopetrol que sea designado, facilitando la transición institucional.
En cuanto a los antecedentes judiciales, el pasado 11 de marzo, la Fiscalía General de la Nación imputó a Roa por el delito de tráfico de influencias de servidor público. El caso está relacionado con la adquisición de un apartamento en Bogotá y su eventual vínculo con contratos otorgados por la petrolera.
De acuerdo con el ente acusador, el directivo habría hecho uso indebido de su posición dentro de Ecopetrol para favorecer intereses particulares, presuntamente asociados al empresario y exintegrante de la fuerza pública Juan Guillermo Mancera.
Adicionalmente, enfrenta indagaciones por una posible superación de los topes de financiación electoral y por tráfico de influencias, en hechos que se remontan a su rol como gerente de la campaña del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales de 2022.
