La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra 16 de los 23 cabecillas de estructuras criminales en Medellín que habían sido beneficiados días atrás con la suspensión de estas medidas, en medio de la política de acercamientos del Gobierno con organizaciones ilegales.
La decisión, formalizada mediante una resolución reciente firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, revierte parcialmente el beneficio otorgado y deja vigente la suspensión únicamente para siete de los implicados, cuyos casos sí cumplen condiciones jurídicas específicas.
Según explicó la fiscal, la revisión interna evidenció inconsistencias en la solicitud inicial, particularmente porque varios de los beneficiados ya se encontraban privados de la libertad o incluso cumpliendo condenas, lo que hacía improcedente suspender órdenes de captura en su contra.
El caso se remonta al polémico episodio conocido como el “tarimazo”, en el que varios de estos jefes criminales participaron en un acto público en Medellín junto al presidente Gustavo Petro. Posteriormente, el Gobierno solicitó la suspensión de sus órdenes de captura como parte de los llamados “diálogos sociojurídicos” dentro de la estrategia de paz total.
Sin embargo, la medida generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos y de seguridad, al considerar que podía interpretarse como una medida desproporcionada frente a estructuras vinculadas a delitos como narcotráfico, extorsión y homicidios, especialmente en el Valle de Aburrá.
Con la reactivación de las órdenes de captura para la mayoría de los cabecillas, la Fiscalía busca corregir el alcance de la decisión inicial y reafirmar la viabilidad jurídica de los procesos, en medio de un debate nacional sobre los límites y riesgos de la política de negociación con organizaciones criminales.
