El impacto del conflicto armado en Colombia sigue generando profundas afectaciones humanitarias, especialmente en las zonas rurales, donde es un factor determinante en el aumento de la deserción escolar; el último informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) reveló que entre enero y mayo de 2024 se registró un preocupante incremento en los índices de violencia, comparado con el mismo periodo del año anterior.
El informe detalla que el número de víctimas de artefactos explosivos aumentó un 35% respecto a 2023, con 194 personas afectadas, de las cuales el 69% son civiles. Asimismo, el confinamiento forzado de comunidades afectó a 31.832 personas, un aumento del 101% en comparación con el año anterior, y el desplazamiento forzado impactó a 26.753 personas, un 49% más que en el mismo periodo de 2023.
El desplazamiento forzado es uno de los principales motores de la deserción escolar, ya que muchas de las familias afectadas deben abandonar sus hogares, interrumpiendo la educación de sus hijos; departamentos como Chocó, Nariño y Valle del Cauca han sido los más golpeados por estos desplazamientos, que además agravan la vulnerabilidad de los menores frente al reclutamiento forzado por grupos armados ilegales.
De acuerdo con la Policía Nacional, en lo que va del año, al menos 101 menores han sido reclutados por grupos armados en Colombia, concentrándose principalmente en el departamento del Cauca, donde opera el Estado Mayor Central (EMC).
Las estrategias de estos grupos se dirigen a menores en situación de deserción escolar, pobreza y entornos disfuncionales, ofreciéndoles promesas económicas o discursos de lucha social para incorporarlos a sus filas.
Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana reveló que departamentos como Chocó, Arauca, Putumayo y Norte de Santander, tienen las tasas más altas de estudiantes afectados por el desplazamiento y la violencia, lo que impacta gravemente su rendimiento académico y permanencia en el sistema educativo.
La violencia sigue siendo un obstáculo persistente para el acceso a la educación en las zonas más vulnerables de Colombia, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión que afecta a miles de niños y jóvenes.
