El Consejo Nacional Electoral (CNE) pospuso una vez más el estudio de la ponencia que propone abrir una investigación formal a la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez por presunta violación de topes de financiación en 2022, superando un monto de $5.000 millones.
El aplazamiento se debe a la reincorporación del magistrado Altus Baquero, quien regresó a su cargo tras un fallo de la Corte Constitucional que avaló su experiencia para ocupar el puesto.
Baquero, quien retomó sus funciones a inicios de mes, solicitó un plazo de dos semanas para estudiar la ponencia, alegando que apenas se reincorporó la semana pasada; ante esta petición, la Sala Plena del CNE aprobó el aplazamiento, marcando la segunda vez en menos de un mes que se suspende el análisis del caso.
La decisión anterior se había postergado a petición de la magistrada Alba Lucía Velásquez, considerada cercana al Pacto Histórico, quien solicitó la rotación del expediente, contribuyendo a dilatar la votación. Este nuevo aplazamiento se enmarca en la estrategia de defensa de la campaña de Gustavo Petro, que ha recurrido a tutelas y recusaciones para prolongar el proceso.
Mientras tanto, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Lándinez, celebró que el Tribunal Superior de Bogotá admitiera una tutela que cuestiona la competencia del CNE para investigar al presidente, argumentando que dicho proceso corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La semana pasada, el presidente Petro interpuso una demanda ante el Consejo de Estado, a pesar de que la Sala de Consulta ya le otorgó facultades al CNE para investigar la campaña. La defensa del mandatario continuará buscando que el CNE no vote el pliego de cargos hasta que se resuelva esta demanda.
Con esta nueva dilación, la decisión sobre la apertura formal de la investigación permanece en el aire, en medio de un tenso clima político y jurídico.
