El reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia sigue siendo una tragedia creciente. Según cifras recientes, un niño es reclutado cada 30 horas, una situación que ha encendido las alarmas tanto a nivel nacional como internacional. En lo que va de 2024, las autoridades han rescatado a 206 menores de las manos de grupos armados ilegales, lo que refleja la magnitud del problema.
La Defensoría del Pueblo informó que en el primer semestre del año se registraron 159 casos de reclutamiento forzado, aunque las cifras reales podrían ser mucho más altas, ya que muchas familias, por miedo a represalias, optan por no denunciar. De acuerdo con la Fiscalía, se han documentado alrededor de 650 denuncias en todo el país. Unicef ha destacado que los grupos más vulnerables a este fenómeno son las comunidades indígenas y afrocolombianas.
El conflicto armado en regiones como Nariño, Caquetá, Antioquia, Arauca y Putumayo sigue siendo el escenario principal de estas violaciones.
Una joven de 15 años relató al diario El Tiempo cómo fue engañada a los 14 años para unirse a las disidencias de las Farc. Lo que empezó como una promesa de trabajo en labores domésticas, terminó en su participación activa en el conflicto y el sufrimiento de múltiples abusos.
A pesar de las políticas gubernamentales orientadas a proteger a los menores, estas han sido insuficientes. Los grupos armados aprovechan la vulnerabilidad y la impunidad, usando a los menores como escudos ante las operaciones de la Fuerza Pública.
Otro caso caso que refleja la gravedad de la situación, fue el asesinato de Carmelina Yule Paví, una líder indígena del Cauca, quien fue asesinada por las disidencias de las Farc al intentar proteger a un niño indígena de ser reclutado.
La violencia también se ha intensificado en municipios como Jamundí y corregimientos como El Plateado, donde los grupos armados imponen un «servicio obligatorio» a los jóvenes. La Policía ha registrado un aumento de casos en 2024, destacando el uso de redes sociales por parte de reclutadores para atraer a jóvenes vulnerables.
A pesar de los esfuerzos de organizaciones como Unicef y la Defensoría del Pueblo, el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una grave amenaza para las comunidades más afectadas por el conflicto en Colombia.
