El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien enfrenta amenazas de destitución, emitió este miércoles 17 de mayo, un decreto anunciando la disolución del Congreso, lo cual conlleva la convocatoria de elecciones anticipadas.
El líder de derecha ha sido acusado por la oposición legislativa de estar involucrado en casos de presunta corrupción relacionados con contratos de transporte de petróleo, ordenó a través de un comunicado oficial de la presidencia «disolver la Asamblea Nacional debido a una grave crisis política y agitación interna».
En un país marcado por la violencia asociada al narcotráfico y la creciente insatisfacción de la población debido al costo de vida, Lasso ha solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque elecciones generales de manera anticipada.
De acuerdo con la Constitución, el órgano electoral tiene un plazo máximo de siete días, contados a partir de la publicación del decreto de disolución en el Registro Oficial, para convocar elecciones legislativas y presidenciales que permitan completar el mandato actual de cuatro años.
En un mensaje transmitido a nivel nacional, Lasso afirmó: «Es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir».
El presidente se presentó ante la Asamblea Nacional el martes pasado para defenderse de las acusaciones de presunto peculado. Según las denuncias, Lasso decidió continuar con la ejecución de un contrato que ya había sido firmado antes de asumir la presidencia, a pesar de que existían informes indicando que era perjudicial para el Estado.
El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker resultó en pérdidas superiores a los 6 millones de dólares. Hasta el momento, el mandatario no ha sido procesado por ningún delito en la justicia ordinaria y ha manifestado haber presentado una denuncia ante la Fiscalía en 2022 para que se investigue el caso.
Durante el período previo a la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso tendrá la facultad de gobernar emitiendo decretos-leyes de urgencia económica, siempre y cuando cuenten con el dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Cabe mencionar que esta es la primera vez que un presidente utiliza la denominada «muerte cruzada», una medida que puede ser aplicada una única vez durante los primeros tres años de mandato.
En junio del año pasado, el Parlamento intentó destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero no se lograron los 12 votos necesarios para destituirlo.
