La movilización convocada para hoy miércoles 14 de octubre por sectores de la oposición contra el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella plantea una pregunta necesaria: ¿estamos…
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La movilización convocada para hoy miércoles 14 de octubre por sectores de la oposición contra el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella plantea una pregunta necesaria: ¿estamos ante una protesta exclusivamente política o frente a inconformidades sociales que merecen ser escuchadas, independientemente de quién las promueva?
La convocatoria reúne a sectores del Pacto Histórico, organizaciones sindicales, educadores y comunidades indígenas. Entre sus motivaciones se mencionan reivindicaciones laborales, preocupaciones por el hambre y la sequía, y el rechazo a decisiones gubernamentales. También se proyecta como una demostración de fuerza opositora y un posible antecedente de nuevas jornadas de movilización. Hay, por tanto, una combinación de intereses políticos y reclamos sociales que no debería simplificarse.
El hecho de que una protesta tenga orientación política no descalifica automáticamente sus razones. En democracia, la oposición tiene derecho a cuestionar al Gobierno, exigir explicaciones y convocar a la ciudadanía. La verdadera discusión debe centrarse en la legitimidad de las demandas, la evidencia que las sustenta y la capacidad de las autoridades para responder.
El presidente De la Espriella, por su parte, anunció medidas para impedir los bloqueos permanentes y garantizar la movilidad, al tiempo que aseguró que respetará las manifestaciones pacíficas. El Decreto sobre protesta social busca establecer reglas de actuación y distinguir entre la movilización legítima y conductas violentas. Su aplicación exigirá prudencia: las autoridades deberán actuar conforme a la Constitución, la Ley y los principios de necesidad y proporcionalidad. No puede convertirse en una autorización para silenciar la inconformidad ni tampoco en una invitación a tolerar agresiones.
En las universidades, cualquier intervención policial deberá respetar las garantías constitucionales y la autonomía universitaria, sin desconocer la obligación estatal de atender situaciones concretas de violencia o delitos.
Pero hay otro elemento que no puede ignorarse. Colombia enfrenta la amenaza del fenómeno de El Niño y todavía atiende las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto. Son circunstancias que demandan recursos, coordinación institucional y solidaridad nacional. En La Guajira, donde el agua sigue siendo una necesidad apremiante, la sequía no es una consigna política: es una realidad que compromete la vida y la economía de numerosas comunidades.
Precisamente por eso, ni la emergencia climática ni la reconstrucción pueden utilizarse para deslegitimar toda protesta. Tampoco deberían convertirse en instrumentos de confrontación partidista.
El país necesita manifestaciones sin violencia, autoridades sin excesos y una oposición capaz de formular propuestas, no solamente consignas. Si existen reclamos justificados, corresponde atenderlos; si hay intereses electorales, deben exponerse con argumentos.
La democracia no se fortalece impidiendo que la gente proteste, sino garantizando que pueda hacerlo sin destruir los derechos de los demás. En tiempos de sequía, emergencias y dificultades sociales, gobernar y oponerse exige responsabilidad. Colombia necesita menos confrontación estéril y más soluciones verificables.
