Llegó un nuevo proceso electoral en Colombia a la que no es ajeno el departamento de La Guajira, donde los líderes políticos siguen cometiendo las mismas malas prácticas electorales para lograr conquistar una curul al Senado y a la Cámara de Representantes.
En el caso de La Guajira se conocen denuncias de compra de votos a cambio de comida, de entrega de recursos económicos a familias para que voten por determinado candidato, de presiones indebidas por parte de funcionarios públicos, lo que pone al departamento en el ojo de los entes de control.
Es necesario que los candidatos al interior de sus campañas eviten esas malas prácticas que no le hacen bien a un proceso que debe ser transparente y en donde la comunidad debe ejercer un voto informado y libre de presiones.
Las campañas no pueden seguir como un negocio donde se invierten grandes sumas de dinero que más tarde deben recuperar a cualquier costo.
Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia asumió dos investigaciones por compra de votos que involucran al exgobernador Wilmer González y a María Cristina Soto, actual representante a la Cámara.
Todo lo anterior debe convertirse en un proceso de aprendizaje para que sean los propios candidatos quienes promuevan las buenas prácticas electorales, es decir trabajar más de manera directa con los electores para que conozcan sus propuestas y sus perfiles.
Es cierto que las campañas requieren de recursos económicos para que los candidatos avancen en sus procesos, como el pago de gasolina, de conductores, de personal contratado que digitaliza la información, expertos en temas propios, papelería, comida, publicidad y otros.
Los llamados delitos electorales tienen que ver con la perturbación de las elecciones, presión al votante, engaño al votante, trasteo de votos o electores, compra y venta de votos, suplantación de votantes, complicidad de voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con la votación, alteración de resultados electorales, retención ilícita de cédula y de negación de inscripción.