El reciente fallo de la Corte Constitucional donde ampara la solicitud de las comunidades indígenas de Santa Rosa y Arroyo Guerrero, asentadas en la Troncal del Caribe, de convertirse en un resguardo, es un llamado para que la administración distrital estudie detenidamente el proceso de crecimiento de la ciudad.
La sentencia pone al descubierto una serie de irregularidades que se han venido dando con las tierras de los indígenas, que son vendidas a particulares a pesar de ser ellos dueños ancestrales.
En este caso, por ejemplo, se revela que la ampliación urbanística de la capital de La Guajira para la zona de la Troncal del Caribe pone en riesgo la pervivencia de más de 85 comunidades wayuú asentadas en Santa Rosa y Arroyo Guerrero.
El fallo evidencia también la participación de un grupo de particulares, que se adueñaron de las tierras de los indígenas, tema que debe ser estudiado por las autoridades competentes para establecer si son de naturaleza privada o presenta vicios de nulidad.
De acuerdo a un estudio de la Agencia Nacional de Tierras, existen 13 predios en poder de particulares que se consideran como baldíos.
Los títulos adjudicados por Incora hace varios años a particulares en propiedad ancestral de familias indígenas, de acuerdo a sus reclamaciones, dan muestra al parecer de algunas irregularidades que causan más de una dificultad a la administración distrital.
Corresponde entonces que la alcaldesa encargada, Isseth Tatiana Barros Brito, acompañada de sus secretarios de despacho, analicen detenidamente los alcances del fallo, para establecer bajo qué criterios la ciudad debe seguir creciendo.
Es claro que la capital de La Guajira se ha desarrollado de una manera desordenada, sin ningún tipo de planificación y a espaldas de una comunidad indígena por cuyas tierras pasan obras cruciales, como la pavimentación de la Vía 40, la construcción de la variante de la Troncal, la laguna de oxidación y el relleno sanitario.
Riohacha es una ciudad que seguirá creciendo, pero es urgente que se ponga orden, que se logre un diálogo sincero con sus comunidades indígenas para alcanzar consenso en la ejecución de las obras que se deben construir para una mejor calidad de vida de toda la población.
Las comunidades indígenas necesitan ser protegidas, el Gobierno distrital debe garantizar que no se les sigan arrebatando sus tierras, quienes también reclaman gozar de un mejor bienestar bajo el respeto de sus usos y costumbres.
