En medio de la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, los gobernadores de los pueblos indígenas wiwa, kankuamo, kogui y arhuacos, llegaron a zona rural del municipio de Dibulla, en La Guajira, para ser testigos del proceso que materializa la entrega de 1.636 hectáreas a favor de la comunidad iIndígena Tugeka.
El director general de la URT, Giovani Yule, llegó a uno de los sitios sagrados de la etnia kogui y socializó el alcance de la sentencia que restablece los derechos sobre su territorio ancestral, ubicado en el ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta en zona rural del municipio de Dibulla.
Bajo la inmensa sombra de un árbol milenario y la presencia de más de 300 integrantes de la comunidad Tugeka se escuchó cómo la gestión que lideró la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y el fallo del Tribunal Superior de Cartagena le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras ampliar el territorio y restablecer los derechos de esta comunidad sobre 1.636 hectáreas.
De otro lado, el fallo establece que el Igac y la Orip de Riohacha deberán actualizar la información catastral de los predios objeto del proceso, incorporándolos a la titulación correspondiente a favor del Resguardo kogui malayo arhuaco.
En materia ambiental la decisión judicial indica que deben restituirse varios derechos territoriales y ambientales vulnerados en el marco del conflicto armado e involucra a Parques Nacionales, Corpoguajira y Minambiente. A estos dos últimos les ordena que en concertación con las autoridades indígenas diseñen e implementen un programa de reparación de daños y la restauración de las cuencas de los ríos Ancho y San Salvador.
La Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior están obligadas a concertar el Plan Integral de Reparaciones Colectiva para el pueblo kogui de Tugeka con las autoridades, una vez formulada la caracterización de daños.
La providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en su Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, consideró los elementos presentados por la URT y evidenció que la participación de actores armados ilegales sometió a los pobladores de la zona, en especial a la Tugeka del pueblo kogui.
Las consecuencias de las confrontaciones armadas entre grupos ilegales por el control territorial generaron el desplazamiento forzado de la población y a la par su confinamiento, promovió la siembra de cultivos de uso ilícitos, instaló en el territorio laboratorios para el procesamiento de cocaína y promovió el tráfico de armas en la zona. Todas acciones que contaminaron el territorio ancestral.
Durante el acto, el viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Darío Fajardo, destacó el trabajo que lidera la URT en los territorios y cómo su gestión dignifica a las comunidades, salvaguarda los recursos naturales, promueve la protección de la naturaleza y la armonización del territorio.
Para el viceministro “este trabajo promueva la construcción colectiva de la ‘Paz Total’ y afianza a Colombia como una potencia mundial de la vida”.
Por su parte el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, socializó la importancia del fallo a favor de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, destacando con esta sentencia el avance en el proceso de transformación de los territorios.
“Esta sentencia recoge las decenas de vulneraciones sufridas durante décadas que impidieron el goce efectivo de los derechos territoriales y los restituye. Reconoce el territorio ancestral del pueblo kogui, parte de la Línea Negra y resuelve reparar los daños a través de órdenes dirigidas a los temas de titulación, seguridad jurídica sobre la propiedad colectiva, uso y posesión tradicional del territorio, acceso y protección de sitios sagrados, protección ambiental y protección colectiva entre otros», enfatizó Giovani Yule.
Mamos, autoridades indígenas y familias kogui restituidas en sus derechos territoriales, agradecieron al Gobierno por la voluntad política y las acciones orientadas al cumplimiento de las órdenes judiciales de la sentencia a su favor, que amplía el resguardo.
La jornada contó con la asistencia de los representantes de 24 instituciones vinculadas en el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cartagena y autoridades departamentales y regionales de La Guajira.
