Hace un par de semanas la Corte Constitucional recorría varios municipios y comunidades de La Guajira, en su visita de inspección judicial, con el fin de recolectar y verificar el estado de cosas inconstitucional que continúa inamovible en la península.
Un recorrido que tomó más de 12 horas y donde se visitaron las comunidades de Guarralakatshi, Lacantamana, Ishashimana, Media luna, Nueva Venezuela y 3 de Abril.
En estas comunidades de Manaure y Uribia, se evidenciaron las condiciones de la población wayuú y en especial el estado nutricional de los niños en La Guajira.
Incluso, los mismos participantes de la caravana, tuvieron que soportar altas temperaturas y escasez de líquido potable, lo que desencadenó una sensación de sed insaciable en muchos participantes y los aproximó, a sentir lo mismo que padecen todos los días miles de niños, niñas y familias a lo largo y ancho de la región.
Las evidencias halladas durante la visita, están en las manos de los expertos siendo analizadas para dar un posterior pronunciamiento, que seguramente desencadenará una serie de acciones urgentes para salvar la vida de niños y niñas que se encuentran en estado de desnutrición.
Por otro lado, las voces sobre el estado nutricional de los menores también se alzan desde Riohacha, con un grupo de jóvenes del movimiento Diverso de La Guajira que volvieron a protestar con una huelga de hambre que instalaron en el parque Simón Bolívar, de la capital departamental y donde aseguran que no se levantarán hasta obtener una respuesta seria de las entidades nacionales, sobre la reanudación de las mesas de trabajo pactadas el 20 de Julio.
Este acto, que busca la concientización de la población y los representantes del Gobierno sobre el crítico estado de las comunidades indígenas, se ha venido gestando a lo largo del año, pero se materializó de manera paralela con las marchas y protestas que se generaron a nivel nacional en el mes de mayo. Según los huelguistas, la iniciativa se mantendrá hasta que la dignidad se vuelva costumbre.
Dentro del pliego de peticiones, presentado por los jóvenes en el inicio de su protesta, se solicitaba: “la instalación de una mesa de diálogo, que conduzca a construir con todos los actores, un plan de emergencia que establezca las acciones y medidas necesarias para avanzar en la solución de los problemas estructurales del Departamento, que han ocasionado la existencia de vulneraciones reiteradas a los Derechos Humanos. Situación que fue declarada en el año 2017 por la Corte Constitucional colombiana que mediante la Sentencia T-302 declaró en La Guajira la existencia del estado de cosas inconstitucional”.
En esa oportunidad y luego de 20 días de protesta, se logró firmar un acuerdo de trabajo con Carlos Baena, viceministro de Participación e Igualdad de Derechos, del Ministerio del Interior, donde se comprometía a realizar 10 mesas temáticas que abordarían temas como el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, acceso a la educación y participación, impacto minero- energético en la región y componente de salud entre otros.
Las mesas efectivamente comenzaron a desarrollarse semana y media después de levantar la protesta, dando inicio a lo pactado, sin embargo y con el transcurrir de las semanas, y ante la ausencia de delegados nacionales y territoriales con poder de decisión, se suspendieron las mesas y fueron aplazadas nuevas convocatorias, dejando en el limbo a los huelguistas.
Igualmente, a la fecha la política pública no se ha estructurado, por lo que se concluye que la Sentencia T-302 de 2017 no ha sido cumplida por las 25 entidades demandadas. Los ocho objetivos se incumplen, por lo tanto, la vulneración generalizada de los derechos constitucionales se mantiene al interior de las comunidades.
Paralelamente, en el territorio seguían desarrollándose las asambleas consultivas que contenían el alcance de la Sentencia judicial con las autoridades y organizaciones de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, a las que también asistían los jóvenes huelguistas.
Ante el silencio institucional sobre la reanudación del trabajo pactado, nuevamente 6 de los 8 jóvenes de La Guajira decidieron reiniciar una nueva huelga de hambre para sentar su voz de protesta ante el incumplimiento y la pronta reprogramación para dar alcance a lo firmado en julio pasado.
Frente al grave deterioro de salud que enfrentan los huelguistas, la sociedad civil y algunas organizaciones realizaron un llamado de atención urgente, no solamente para que se garanticen los derechos de la libre protesta de este grupo de muchachos, sino que se acompañe desde la Iglesia Católica, Naciones Unidas y Human Rights Watch la vigilancia y cumplimiento de los acuerdos pactados con ellos.
Una protesta simbólica que pretende atacar el problema de hambre con hambre, es lo que hacen también cientos de niños que desde sus casas y rancherías han venido realizando de manera obligada desde hace más de 10 años, y que hasta el día de hoy enfrentan como una condena de olvido y abandono.
No se debería ni siquiera admitir el término de desnutrición o riesgo de desnutrición en un niño, niña, o madre gestante, como algo normal dentro de la población. Tan solo estar en riesgo de desnutrición debería encender las alarmas de la nación y no como se está haciendo hasta ahora, cuando las cifras de niños muertos son las que hablan por ellos.
Así las cosas, las acciones de gobierno parecen estar signadas por prejuicios socioculturales y determinaciones geográficas invencibles. Si bien la Corte Constitucional alertó sobre ello, esto no ha sido superado por la manera como se organizan las instituciones y en la estructuración de las ofertas que se planifican para impactar social y económicamente el territorio.
Fuente Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017
