El Presupuesto Nacional para 2027 enciende las alarmas sobre la financiación de la educación pública. Aunque el Departamento ratifica su compromiso con las matrículas gratuitas, la sostenibilidad del…
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El Presupuesto Nacional para 2027 enciende las alarmas sobre la financiación de la educación pública. Aunque el Departamento ratifica su compromiso con las matrículas gratuitas, la sostenibilidad del modelo exige claridad sobre los recursos y las responsabilidades de la Nación.
La discusión alrededor del presupuesto nacional para 2027, aforado en 634,9 billones de pesos, tiene efectos que van mucho más allá de las cifras consignadas en los documentos oficiales. En La Guajira, donde la educación constituye una de las principales herramientas para romper los ciclos de pobreza y exclusión, cualquier reducción de recursos debe analizarse con rigor, sin alarmismos, pero también sin minimizar sus consecuencias.
La tabla de regionalización de la inversión del Presupuesto General de la Nación para este Departamento presenta una señal que merece especial atención. En educación superior, la partida de calidad y fomento aumenta de $39.730 millones a $53.825 millones. Sin embargo, el componente de gratuidad y financiación del acceso, permanencia y graduación cae de $3.011 millones a apenas $653 millones. Es decir, una disminución de $2.358 millones en ese rubro.
Aunque crecen las asignaciones para infraestructura de las instituciones públicas, la redistribución plantea una pregunta fundamental: ¿quién asumirá la carga financiera para garantizar que los estudiantes puedan ingresar, permanecer y culminar sus carreras?
La Guajira tiene razones suficientes para defender su modelo de gratuidad educativa. Esta política comenzó en 2003, durante la administración del entonces gobernador Hernando Deluque Freyle, y se convirtió en una apuesta social que hoy beneficia a más de 18.000 estudiantes de pregrado. El actual mandatario, Jairo Aguilar Deluque, acaba de ratificar su continuidad.
El Departamento destina más de $90.000 millones para respaldar las matrículas de estudiantes de la Universidad de La Guajira. Está aclaración hecha por el gobernador Jairo Aguilar, ha sido fundamental, para diluir el fantasma de la deserción ante la posibilidad de recortar los subsidios de matrículas.
Pero aquí aparece el riesgo: si la Nación reduce su participación en determinados componentes, la presión puede trasladarse a las finanzas territoriales. Y aunque el presupuesto departamental se estima en $1,107 billones, esos recursos también deben responder a las necesidades de agua potable, salud, vías, saneamiento básico y desarrollo rural.
La discusión, por tanto, no puede reducirse a proclamar que la gratuidad continúa o anunciar que desaparecerá. Se necesitan cifras definitivas, fuentes de financiación identificadas y compromisos verificables entre la Nación y el Departamento.
La educación no puede convertirse en la variable de ajuste de las restricciones fiscales. Para La Guajira, mantener la gratuidad no es un gasto prescindible: es una inversión estratégica en equidad, movilidad social y futuro. El desafío consiste en protegerla sin desfinanciar otras obligaciones esenciales ni trasladar indefinidamente a los contribuyentes departamentales una responsabilidad que también corresponde al Estado.
