El Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado por $634,9 billones, obliga a formular una pregunta que en La Guajira no puede seguir aplazándose: ¿cuánto de ese…
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El Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado por $634,9 billones, obliga a formular una pregunta que en La Guajira no puede seguir aplazándose: ¿cuánto de ese gigantesco volumen de recursos llegará efectivamente a los territorios que más necesitan la presencia del Estado?
La cifra impresiona, pero su distribución despierta interrogantes. Cerca de $393 billones se destinan al funcionamiento estatal, $147 billones al servicio de la deuda y alrededor de $95 billones a inversión pública. En otras palabras, el país compromete una porción considerable de sus recursos en sostener su estructura administrativa y responder por obligaciones financieras, mientras las necesidades sociales continúan acumulándose.
Para La Guajira, el debate no es abstracto. Es el agua que todavía no llega regularmente a numerosas comunidades, el saneamiento básico pendiente, las vías rurales deterioradas, las dificultades de acceso a servicios de salud y la falta de oportunidades económicas para miles de jóvenes. También es la educación de una población que necesita herramientas para superar la pobreza y construir un futuro diferente.
A lo anterior se suma, el cumplimiento que se le debe dar a la famosa Sentencia T-302, promulgada por la Corte Constitucional, en donde después de 9 años, es poco lo que se ha hecho en solucionar los problemas sustanciales.
El Departamento no puede conformarse con aparecer en los discursos nacionales. Necesita conocer qué proyectos quedaron respaldados presupuestalmente, cuáles tienen financiación garantizada y qué obras podrán ejecutarse durante 2027.
El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de distribuir la inversión con criterios de equidad, atendiendo las desigualdades territoriales. No sería razonable exigir los mismos resultados a departamentos con capacidades fiscales e infraestructura consolidadas que a una región que todavía lucha por garantizar servicios esenciales en comunidades rurales e indígenas.
La Universidad de La Guajira merece una consideración especial. La gratuidad de la matrícula representa una oportunidad histórica para los jóvenes de familias de bajos ingresos, pero necesita financiación suficiente para sostener docentes, investigación, laboratorios, bienestar universitario y ampliación de cobertura. El reconocimiento de una brecha cercana a $700.000 millones en las necesidades de funcionamiento de las universidades públicas obliga a vigilar que la ampliación del acceso no termine comprometiendo la calidad educativa.
La Guajira no reclama privilegios. Reclama justicia territorial, continuidad en los proyectos y una inversión proporcional a la magnitud de sus necesidades.
El presupuesto de 2027 será verdaderamente histórico para este Departamento, un billón ciento siete mil millones, pero esta cifra no alcanzaría a mejorar los servicios públicos y ampliar las oportunidades de su población.
Es hora de solicitarle una explicación a los congresistas, elegidos recientemente por los guajiros, y conocer lo que se hizo en Barrancas, en una de las discusiones de la comisión de presupuesto.
