La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó los lineamientos que habría impartido la Presidencia de la República para regular la relación del Gobierno con los medios de comunicación y advirtió que estas disposiciones pueden restringir el ejercicio periodístico y el escrutinio al poder.
Entre las directrices señaladas se encuentra la decisión de no conceder entrevistas ni ruedas de prensa a medios considerados “amigos”, limitar las intervenciones de los ministros a declaraciones sin preguntas y centralizar buena parte de la información oficial mediante la vocería de la Presidencia.
La FLIP sostuvo que, aunque el Ejecutivo puede definir su estrategia de comunicaciones y sus vocerías, no puede utilizar esas facultades para impedir el acceso de periodistas a fuentes oficiales, formular preguntas o contrastar las versiones institucionales.
La organización afirmó que ya ha documentado casos de periodistas que no reciben respuesta de funcionarios, situación que ha dificultado el cubrimiento de asuntos como el conflicto armado y las consecuencias del reciente terremoto.
El pronunciamiento también recuerda los cuestionamientos surgidos durante la campaña de Abelardo de la Espriella. Según la FLIP, la periodista Camila Zuluaga señaló que el entonces candidato habría restringido entrevistas con algunos medios, instruido a su equipo para no atender determinadas solicitudes y limitado su participación a ruedas de prensa cuyas preguntas conociera previamente.
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Para la Fundación, una práctica de relacionamiento de campaña adquiere otra dimensión cuando se traslada a la Presidencia, pues los funcionarios y recursos destinados a informar pertenecen al Estado y no al Gobierno de turno.
La FLIP advirtió que clasificar a los medios como cercanos o no puede generar privilegios para quienes no incomodan al poder y restricciones para quienes realizan una cobertura crítica, además de favorecer la estigmatización y la autocensura.
Asimismo, señaló que la publicación periódica de información oficial no sustituye el derecho de la prensa a interrogar a las autoridades, investigar sus decisiones y solicitar explicaciones. En ese sentido, citó la sentencia SU-018 de 2026 de la Corte Constitucional, que reconoció una protección reforzada al acceso de los periodistas a la información pública por su función de control democrático.
La FLIP pidió finalmente a la Presidencia reconsiderar la directriz y garantizar a todos los medios y periodistas un acceso igualitario a las fuentes y espacios oficiales, bajo criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.
