Cinco integrantes del Ejército Nacional fueron condenados a más de 20 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en la tortura, homicidio y desaparición forzada de un campesino de 27 años con discapacidad cognitiva, hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en una base militar del municipio de Frontino, Antioquia.
La Fiscalía General de la Nación informó que los condenados son el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández. Las condenas fueron impuestas luego de que los procesados suscribieran un preacuerdo con el ente investigador, el cual fue avalado por un juez.
De acuerdo con la investigación, la víctima fue retenida durante cerca de cinco horas bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Durante ese tiempo habría sido sometida a múltiples actos de tortura que finalmente le causaron la muerte. Las autoridades establecieron que el hombre fue golpeado, inmovilizado y sometido a diferentes formas de violencia física dentro de la base militar.
Las investigaciones también determinaron que, tras el fallecimiento del campesino, los militares trasladaron el cuerpo hasta un helipuerto y posteriormente lo arrojaron a un río con el propósito de ocultar lo sucedido. Tres semanas después, las autoridades lograron recuperar el cadáver, mientras que el Instituto Nacional de Medicina Legal concluyó que la causa de la muerte fue consecuencia de las torturas sufridas.
Por estos hechos, los cinco uniformados fueron condenados a 20 años y dos meses de prisión por los delitos agravados de tortura, homicidio y desaparición forzada.
La Fiscalía recordó que este caso ya había dejado una primera condena contra el entonces comandante de la base militar, el teniente Leider Ortiz Ortiz, quien aceptó su responsabilidad mediante preacuerdo y recibió una pena de 20 años y tres meses de prisión. Asimismo, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes continúan vinculados al proceso judicial y permanecen privados de la libertad mientras avanza la investigación en su contra.
