Si partimos de sus raíces, la cleptocracia (del griego clepto, ‘robo’; y cracia, ‘poder’ = dominio de los ladrones), es lo más parecido a lo que ha ocurrido con los gobiernos en el departamento de La Guajira en sus últimos treinta años. Licitación, celebración y ejecución indebida de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documentos públicos, fraudes en los procesos electorales, es lo que ha caracterizado a las administraciones de Jorge Ballesteros Bernier, Jorge Pérez Bernier, Álvaro Cuello Blanchard, Hernando Deluque Freyle, José González Crespo, José Francisco Gómez, Oneida Pinto Pérez, Wilmer González Brito, José María Ballesteros, Wilber Hernández Sierra y Nemesio Roys Garzón.
Ellos llegaron al poder no con el noble propósito de resolver los álgidos problemas de las comunidades, sino con el ánimo de enriquecerse a costa del mal manejo del erario. Sus condenas, destituciones y suspensiones así lo ratifican. Es propio del estilo cleptócrata, la institucionalización de la corrupción en beneficio propio y de sus allegados. El trípode que sostiene este tipo de sistema es el clientelismo, el nepotismo y el testaferrato. Este último es necesario, pues la mayoría de los personajes mencionados no aguantan una investigación por súbita prosperidad. Sus ingresos legales no les alcanza para sustentar las propiedades y lujos que ostentan.
El departamento de La Guajira es lugar del país con el clientelismo más patético, cuándo estos señores se reúnen para definir candidaturas hablan de recursos para acceder a las ofertas de ventas de votos que ellos mismos han creado. Los “líderes” en cada comuna y ciudad tienen precio, el que se incrementa con la demanda. En las elecciones parlamentarias esos mismos votos son vendidos al mejor postor a nivel nacional; esto explica los 20.578 votos que Carlos Andrés Trujillo González del Partido Conservador sacó en marzo de 2022 para el Senado, siendo un total desconocido en la región. En no pocas ocasiones este poder corruptor trasciende a los escrutinios en la Registraduría.
En las elecciones regionales a gobernación y alcaldías quién tenga más plata generalmente es el que gana; en otras palabras, quien pague mejor tiene la mayor votación. Conocidos son los casos de negocios que se deshacen después de haber recibido anticipos por un mejor postor que entró en el juego. Son frecuente las descalificaciones a candidatos por falta de plata. Con estos antecedentes cuando se accede al poder, se reparte pensando en la recuperación de las “inversiones” que generalmente provienen del mismo erario o del narcotráfico y se hacen todo tipo de tramoyas con el tesoro público para apropiárselo.
Las secretarías e institutos son repartidos a los círculos que pusieron plata, traducido en votos para el triunfo. Picos y uñas muy robustas, encorvadas y puntiagudas le esperan a esta presa. Los buitres de los diferentes sectores de la clase política hacen lo que haya que hacer para ganar sin miramientos éticos o morales. Por eso independiente del ropaje o discursos momentáneos, sus características no cambian: grandes peculados, enriquecimiento ilícito, votos cautivos, fraudes electorales, y como siempre, la desidia por los problemas de las comunidades, desplegando una gran creatividad para lo fraudulento más no para la planificación de proyectos estratégicos que saquen al Departamento del subdesarrollo.
Solo basta ver cómo se repiten los apellidos a través de las generaciones para seguirle la pista al craso nepotismo entre los politiqueros en La Guajira, lo que caracteriza también la escogencia de familiares y amigos cercanos para ocupar los mejores cargos, aunque no posean las calidades exigidas. Paralelo a esto, a ellos les toca buscar testaferros que den sus nombres y firmas en algunos casos para hacer los negocios u ostentar la titularidad de las propiedades. Son ampliamente sufridas por todos, las consecuencias de esta politiquería. La Guajira que hoy tenemos ha sido llevada a ese punto por esos personajes que deberían pedirles perdón a sus comunidades.
