La escaramuza jurídica que hubo en torno a la suspensión de las elecciones atípicas en el municipio de Manaure, La Guajira, nos conduce a reafirmar que la legitimidad que tienen los jueces y la influencia que en ellos pueden ejercer algunos sectores de la sociedad, pueden contaminar algunas decisiones y debilitar la credibilidad de nuestro aparato judicial y hacer que se produzca una inseguridad jurídica en el país.
Inicialmente muchos manaureros percibieron una sensación de confusión al conocerse en La Guajira el fallo de una Juez del Distrito de Riohacha que ordenó la suspensión provisional de las elecciones atípicas para alcalde del Municipio de Manaure convocadas para el 30 de enero del presente año, con el fin de terminar lo que resta del período constitucional 2020 – 2023.
Horas después, la misma Juez declaró la nulidad de todas las actuaciones surtidas en la acción de tutela desde el auto Admisorio de la demanda, dejando sin efectos todas las decisiones proferidas por su mismo despacho y reconociendo la solicitud que hicieron varios de los accionados en donde la hicieron caer en cuenta que no era la competente para conocer de la Acción de tutela y ordenó el traslado de la demanda al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha.
Todavía no logramos entender cuando a estas alturas del partido un juez subjetivamente desconozca la jurisdicción y la competencia y para el caso de Manaure, la juez no tenía competencia, sin importar que estaba vulnerando un derecho a los accionados, he aquí en donde nosotros consideramos como sociedad que el Superior de la Juez deberá pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el accionante y por ella misma que anuló todas sus propias actuaciones
Las decisiones judiciales tienen que respetarse, pero ellas también pueden ser criticables muy a pesar de la legitimación y la independencia judicial con la imparcialidad que deben imponer los administradores de justicia para que la misma sociedad no entre en la etapa de confusión, ya que de la administración de justicia debe propender en la protección de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, teniendo en cuenta que toda decisión judicial favorece y afecta a una de las partes.
Es claro que se debe recomendar a los agentes judiciales revisar las normas que vayan a ser aplicadas en cada caso para evitar los yerros que se puedan cometer con las decisiones que tomen y así evitar confundir a la comunidad y los actores que hacen parte del proceso, debido a que la escaramuza jurídica que hubo en torno a la suspensión de las elecciones atípicas en el municipio de Manaure, La Guajira, dejaron muchas en una sociedad que no entiende los intríngulis de las interpretaciones judiciales.
