En fallo de primera instancia, la procuradora Regional de La Guajira, Itala Pedrazzini Losada, destituyó e inhabilitó por espacio de once años a Hugues Ariza Tatis, quien fungía como personero de Riohacha. En la misma medida, fueron cobijados los concejales Silvina Ibarra Meza, Ever Quintana Rodríguez y Jhon Freddy Benjumea Arregocés por espacio de 10 años.
Asimismo, la procuradora suspendió por ochos meses a los concejales Charles Aguilar Medina, Pablo Emilio Fonseca, Endry Guerra Vanegas, Osvaldo Iguarán Pinto, Yeiner Osorio Ariza, Nubia Socarrás Ramírez; mientras que Aloima Miranda Arregocés, fue sancionado por nueve meses.
Cabe mencionar que la decisión estuvo relacionada a una denuncia del exconcejal Reginaldo Deluque ante la Procuraduría, debido a la inhabilidad que le asistía al abogado Hugues Ariza Tatis, para aspirar al cargo de personero, toda vez que había suscrito un contrato con la Universidad de La Guajira.
La determinación de primera instancia fue apelada de inmediato por los apoderados de los concejales sancionados, quienes coincidieron en afirmar que respetaban la decisión mas no la compartían.
Por su parte, el abogado Hugues Ariza Tatis indicó a Diario del Norte que seguirá ejerciendo el derecho a la defensa. Asimismo, reiteró su preocupación al observar que la procuradora desvirtúa la esencia del ser docente catedrático y pone en entredicho muchas cosas, teniendo en cuenta que cualquier abogado con conocimiento de causa jamás se podrá ver inhabilitado y tendrá incompatibilidad porque ejerza la docencia o la función pública.
Ariza Tatis aseguró que estaba preparado para cualquier decisión, y argumentó que la Procuraduría no tuvo en cuenta la autonomía de la Universidad de La Guajira otorgada por la ley, como tampoco la naturaleza del docente catedrático.
“Siempre me he mantenido en firme, no me encuentro inhabilitado, de hecho es una teoría que hemos sustentando dentro del marco legal y hasta el final estaré siempre firme en mi condición de personero”, comentó.
Por su parte, la concejala Silvina Ibarra, inhabilitada por diez años, se mostró sorprendida con el fallo y confía en que saldrá airosa en la segunda instancia.
“Me parece que fue excesiva la medida, no tengo ninguna anotación, me siento maltratada”, precisó.
En ese sentido, el cabildante Aloima Miranda dijo que se siente tranquilo porque los cargos iniciales endilgados de manera errónea por la Procuraduría fueron desvirtuados por su abogado.
“Logramos ganar esa primera batalla, donde nos llevaban a culpa gravísima a título de dolo, espero que en la segunda instancia todo sea favorable”, anotó.
En el desarrollo del encuentro, que duró ocho horas, la procuradora Itala Pedrazzini, hizo un recuento de todas las audiencias que se desarrollaron en el periodo de la investigación, y aseguró que los concejales debieron ser más diligentes al momento de revisar la hoja de vida del abogado Hugues Ariza, en su aspiración a ocupar el cargo de personero distrital.
De igual forma, aseveró que Ariza Tatis debió actuar con más diligencia y el debido cuidado, y que no obstante de ello decidió participar y tomar posesión del cargo sin constatar previamente que estaba o no inhabilitado.
“Con la preparación académica que posee Hugues Ariza, de haber indagado habría advertido su inhabilidad, pero desatendió de manera elemental y decidió actuar sin verificar si estaba inhabilitado para participar y por ende tomar posesión y ejercer el cargo”, afirmó la funcionaria del Ministerio Público.
A su turno, el abogado Álvaro Alario Montero, apoderado de la concejala Silvina Ibarra, agregó que le pareció absurda la medida, por lo cual seguirá ejerciendo el derecho a la defensa.
El jurista explicó que de ser adversa la decisión, los cabildantes tienen la posibilidad de recurrir ese acto administrativo sancionatorio. Dependiendo la regla de la competencia podría ser, en primera instancia, el juez administrativo o Tribunal; y en segunda instancia al Consejo de Estado.
