El órgano de control cuestionó la suscripción de los negocios jurídicos 503 de 2014 y 194 de 2015, sin contar con los estudios previos suficientes que analizaran a través de estudios de mercado, el valor de las raciones que requería le fueran provistas al departamento para atender el PAE.
Según la información que reposa en el expediente, el contrato 503 de 2014 fue suscrito por el investigado con el Consorcio Alimentemos Juntos por un valor de $16.470.021.050.00 con duración de 50 días.
Para esta vigencia, y según informe remitido por la Contraloría General, el departamento acordó un pago de $1.704 por complemento alimentario desayuno y $2.147 almuerzo, cuando para el mismo año el Ministerio de Educación estableció como valor unitario $943 para desayuno y 1.282 para almuerzo.
Para el caso del contrato 194 del 19 de marzo de 2015, firmado con el Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira por $37.910 millones para 125 días, se estableció un pago de $1.759 por desayuno y $2.097 por almuerzo, cuando el MEN determinó el valor de $971 y 1.320 respectivamente.
Para el órgano de control, al parecer, el exfuncionario, electo desde el 4 de junio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, no garantizó la observancia de los principios de economía, planeación y responsabilidad de la actividad contractual, toda vez que suscribió el negocio jurídico sin introducir un elemento de análisis serio, racional y objetivo que le permitiera justificar el pago de un mayor valor para las raciones, a diferencia de los precios fijados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para los años 2014 y 2015.
La Procuraduría calificó de manera provisional la falta del disciplinado como gravísima a título de culpa gravísima.
