Cerca de 450 presos se suman a los que se encuentran en las diferentes estaciones de Policía de La Guajira, situación que alertó el comandante de Policía, coronel Henry Sandoval, a la directora regional del Inpec, María Alexandra García.
Ese número de detenidos se suma a los 460 que se encuentran hoy recluidos en la cárcel distrital en Riohacha, en un hacinamiento que genera enfrentamientos internos que recientemente cobró la vida de uno de ellos.
La situación no puede ser más crítica, para llamar la atención de las autoridades a nivel nacional en busca de una solución en el corto plazo, toda vez que, pasarán varios años más, para que la construcción de la nueva cárcel para la capital de La Guajira sea una realidad.
Es grave la denuncia del comandante de Policía cuando revela por ejemplo, que en la sede principal de la institución en Riohacha se encuentran a su cuido 113 detenidos, en medio de unas incomodidades que podrían generar más de una situación difícil.
Si bien, las personas detenidas están pagando algunas culpas, no dejan de ser seres humanos que merecen un trato digno, y a quienes se les debe garantizar la vida, razón más que suficiente para una pronta intervención del Gobierno nacional, para buscar una salida a la crisis.
Nada ha cambiado en este tema desde al año de 2015, cuando la Defensoría del Pueblo, a través de un documento público alertó sobre las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad en el único centro carcelario de Departamento.
Se informó sobre el índice de hacinamiento en un 460% que no ha cambiado a la fecha, lo que lo convierte en el establecimiento con la mayor sobreocupación del país, y donde se reduce el espacio de cada interno a dimensiones que desdibujan cualquier estándar internacional, que propugna por unas reclusiones en condiciones de dignidad y humanidad, esa descripción no ha cambiado.
A eso se suma que la mayoría de los reclusos, 86% son sindicados, lo que indica, dice la Defensoría, la constante vulneración del uso racional de la detención preventiva e impide la separación entre condenados y procesados.
Hoy entonces, el tema es mucho más grave, que requiere de unas acciones preventivas urgentes por parte del Gobierno nacional para garantizar la vida a esas personas que luchan por sobrevivir en medio de condiciones inhumanas.
