El presidente Gustavo Petro presentará este sábado la estrategia para abordar el problema de las drogas en Colombia
Así lo anunció el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien desde la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, adelantó los principales aspectos de esta nueva política que se implementaría en Colombia.
No obstante, reconoció que el margen de maniobra es limitado, ya que el documento está sujeto a las leyes y acuerdos internacionales que establecen restricciones en la implementación del programa.
Osuna afirmó que una de las principales dificultades es la regulación de las sustancias, que se ve obstaculizada por factores políticos tanto a nivel nacional como internacional. Un ejemplo de esto fue el intento fallido en el Congreso de legalizar la marihuana.
Declaró que no se encuentra en un entorno político que permita un cambio completo hacia la despenalización y que la idea de una regulación más estricta de las drogas es políticamente inviable.
Anticipó el ministro que uno de los puntos clave de la estrategia antidrogas incluyen la persecución de las grandes mafias del narcotráfico sin perjudicar a los cultivadores de coca, quienes recibirán apoyo para transitar hacia actividades económicas legales.
Además, se establecen objetivos para proteger la vida y los derechos humanos de las personas expuestas a la actividad del narcotráfico y para preservar el medio ambiente.
También “se dará prioridad a abordar lo que realmente daña a la sociedad colombiana, es decir, las mafias del narcotráfico y las grandes cantidades de dinero involucradas en estas actividades ilegales”, según el ministro.
En lo referente a la cocaína, sostuvo que la estrategia se enfocará en combatir el mercado de esta droga en lugar de perseguir a los agricultores de hoja de coca. “El objetivo es adoptar un enfoque punitivo contra la cocaína y no contra la hoja de coca o los agricultores pobres que no tienen alternativas”, reiteró.
Comentó que el plan del Gobierno implica una transición hacia una economía basada en usos legales de la hoja de coca, pago por servicios ambientales o la posibilidad de trasladarse a regiones con oportunidades laborales diferentes. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad se centrarán en la incautación de cocaína, la destrucción de laboratorios y la persecución penal de quienes están involucrados en el narcotráfico.
