La ministra de Justicia, Gloria Borrero Restrepo, instaló la octava sesión de la Comisión de Políticia Criminal Electoral, siendo esta la primera bajo la actual administración, para discutir el borrador con las políticas destinada a luchar contra los delitos electorales desde el Gobierno Nacional.
El borrador fue presentado por el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa, a los representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Educación, el Consejo de Estado, la Policía Nacional, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el Ministerio del Interior y el Congreso de la República.
La elaboración del mencionado documento contempla tres propósitos de la política: comprender la criminalidad electoral; incorporar mecanismos de prevención, investigación, juzgamiento y sanción; y hacer visible el valor social del derecho al voto.
«Venimos trabajando en este documento desde hace algunos meses. En el curso de las próximas semanas esperamos recibir sus comentarios para consolidarlo» dijo la ministra Borrero.
Por su parte el viceministro Espinosa explicó que «Es importante construir una Política Criminal Electoral sólida que le apueste a la disminución consecuencial de la criminalidad en general. La pedagogía resulta fundamental en la prevención de este tipo de criminalidad».
Además el alto funcionario dio a conocer las cinco líneas de acción de esa estrategia pública: desarrollo de capacidades para recoger y administrar datos y aplicar metodologías de correlación para comprender el fenómeno electoral; identificación de los fenómenos en los cuales la criminalidad electoral opera como delito medio; formulación de una iniciativa de transparencia activa en los agentes del sistema electoral; revisión de los instrumentos de participación democrática a partir de la lectura y análisis de datos para hacerlos simples y claros; y formulación de un plan orientado a mostrar el valor social del voto y del derecho a elegir y ser elegido en el discurso de las dignidades y en el sistema educativo.
