Desde el pasado 27 de enero de 2017, el alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira, viene enfrentando acusaciones por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar –PAE– del Distrito, proceso en que también se encuentra involucrada Dilcey Acosta, exsecretaria de Educación.
Tras haber pasado casi 10 meses e intentar anular el procedimiento, el juez Primero Penal del Circuito de Riohacha, Moisés Ávila Sierra, le negó la solicitud al burgomaestre Velásquez, alegando que al momento de su captura no “se vulneraron sus derechos”, por lo que el funcionario continúa cobijado bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario de Bogotá.
Se conoció que luego de varias diligencias, no se ha determinado la situación legal del alcalde Fabio Velásquez, puesto que hubo una petición de la Fiscalía para trasladar el proceso hasta los estrados en la capital del país, aduciendo falta de garantías.
“Los hechos ocurrieron en Riohacha y no hay riesgos, solo se desplazará tal caso si así lo determina la Corte Suprema de Justicia, ya que no se observa ningún impedimento para que la diligencia siga desarrollándose en el Distrito”, manifestó el togado.
Los abogados María Velandia y Carlos Arturo Velásquez Santos, quienes actúan en representación del alcalde de Riohacha, así como Rafael Suárez y Fabián Cotes, defensores de Dilcey Acosta, siguen trabajando por demostrar la inocencia de sus defendidos.
A su turno, la comunidad riohachera se encuentra expentante con relación al futuro del proceso, teniendo en cuenta que la administración distrital se encuentra en manos de Isseth Tatiana Barros, quien fue nombrada por el presidente Juan Manuel Santos Calderón.
Es de anotar que la Fiscalía sostiene que a los funcionarios se les acusa de peculado, por irregularidades en un contrato del PAE superior a los 5 mil millones de pesos, aprobado por la Secretaría de Educación y celebrado por el mandatario distrital en el 2016.
No hay fecha de audiencia
Mauren Puente Vidal, defensora suplente de Dilcey Acosta, aclaró que no se ha programado la audiencia preparatoria del caso, teniendo en cuenta que el recurso de apelación se concedió en efecto suspensivo, “lo que da como consecuencia la suspensión de todas las actuaciones del proceso hasta que el Tribunal Superior decida la diligencia solicitada”.
La jurista fue enfática al exponer que la diligencia judicial no puede ser fijada por el juez hasta que la autoridad superior se pronuncie. “Luego de esto si se podrá devolver la carpeta al juzgado para el establecimiento de la audiencia”, agregó.
Por otra parte, se conoció que no existe término límite para que el titular deje el cargo en medio de la investigación. El Gobierno nacional es el único ente habilitado para inhabilitarlo y citar a nuevas elecciones en la capital guajira.
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