350 familias afrocolombianas que fueron desalojados del caserío de Roche por la empresa Cerrejón, están solicitando el cumplimiento del fallo de la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que decidió ampararles el derecho a la consulta previa, para que se evalúen y definan las medidas que deben adoptarse para los beneficios, compensaciones e indemnizaciones a los integrantes de esa localidad consultando el principio de igualdad.
Diario del Norte conoció que el secretario de Gobierno con funciones de gobernador (e), Wilson Rojas Vanegas, se reunirá mañana con líderes de esa comunidad desalojada para lograr unos acuerdos concertados con la empresa Cerrejón.
Jaime Alfonso Arregocés Torres contó que desde el año 1997 se iniciaron los desplazamientos y no han logrado que la sentencia se cumpla, toda vez que a las familias que vendieron después del año 2003 les están negando la compensación.
“Hoy estamos inconformes con la situación porque Carbones del Cerrejón se dedica a sacar las comunidades sin darles las compensaciones a las cuales tienen derecho”, dijo.
Aseveró que lo que buscan es que les den lo que les corresponde, y que sean atendidos como se merecen, buscando soluciones definitivas a 514 familias que salieron de su territorio ancestral.
“Estamos solicitando la compensación por los daños que se nos ocasionó por el desalojo de nuestro territorio”, puntualizó.
En tanto, Samir Ustate Colón expresó que lo único que persiguen es que se respete la sentencia y que no se les siga violando sus derechos fundamentales.
“Somos una comunidad afrodescendiente que hemos sido bastante afectados ya que nos quitaron nuestro territorio, se nos llevaron nuestras esperanzas aún tenemos nuestros difuntos en Roche”, refirió.
Agregó que “la situación es muy compleja, de mucha incomodidad y tristeza”, porque muchos han muerto esperando ser compensados por el desalojo.
En ese sentido, Ustate Colón explicó que no han logrado entenderse con el negociador de la empresa porque no es una persona abierta sino con muchas limitaciones para el ejercicio de la misión encomendada.
“Queremos garantías ya que han sido pocas, necesitamos que se cumpla la sentencia, que sean equilibrados”, reiteró.
Los dos líderes sociales coinciden que no se trata solo de lo económico, porque el deseo de todos es retornar al territorio nuevamente.
