Nada bien le hace a La Guajira, el enfrentamiento entre la Administración Departamental y la Universidad de La Guajira, debido a los embargos de la alma máter reclamando el pago de los subsidios de sus estudiantes.
La situación calificada como compleja, ha puesto en evidencia la debilidad de la administración departamental, para cumplir en el tiempo con el giro de los recursos a la Universidad por el tema de la gratuidad de la educación.
De acuerdo a las cifras que maneja la Universidad, la administración departamental les adeuda un poco más de 73 mil millones de pesos, por concepto de subsidio de matrículasde los años 2016 y 2017. Los embargos este año alcanzaron a un total de 26 mil 576 millones 589 mil 551 pesos. Y esta semana, nuevamente las cuentas fueron embargadas por valor de 9 mil 597 millones 974 mil 374 pesos, correspondiente a agua potable y saneamiento básico del municipio de Manaure, del convenio con la Federación Nacional de Departamentos, estampilla pro bombero del Fondo Departamental de Salud, del recaudo de pasaporte y de los recursos del Fondeg y Fonedud.
Lo anterior indica a las claras, que los embargos reiterados dejan sin capacidad de maniobra a la administración departamental, y coloca al gobernador encargado Wilder Guerra Cúrvelo, en una situación muy difícil para responder a los requerimientos de la comunidad.
De seguir los embargos, el departamento acudiría a la ley 550 como un mecanismo para proteger los recursos que maneja la entidad, sin embargo, ante ese panorama tan negro existe la salida del diálogo como lo ha planteado el propio rector Carlos Robles Julio, quien aduce que hasta el momento ha faltado voluntad política para llegar a unos acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes.
Es urgente, que tanto el gobierno departamental como la Universidad de La Guajira, busquen punto de encuentro para una salida a la situación planteada, que hablen el mismo idioma, y con información de primera mano evalúen el tema para lograr un principio de acuerdo que puedan cumplir en el tiempo.
Es claro, que hasta el momento, los jueces le han dado la razón a la universidad, quienes han logrado embargar todas las cuentas, hasta las que se consideran inembargables de acuerdo a la ley, como lo ha informado en más de una oportunidad la oficina jurídica de la gobernación de La Guajira, recursos destinados para atención a la primera infancia, al deporte, la salud, y alimentación.
Lo anterior, nos da una idea de la necesidad urgente que existe que tanto el gobernador encargado Wilder Guerra Cúrvelo, como el rector Carlos Robles Julio, logren sentarse y en medio de un diálogo sincero y respetuoso alcancen un acuerdo coherente, que se pueda cumplir en el tiempo en beneficio no solo de los estudiantes que reclaman un justo derecho, sino de otro sector importante de la población guajira afectada por los embargos.
