El Distrito de Riohacha y la empresa operadora del servicio de acueducto y alcantarillado, lograron una conciliación en torno a la facturación a predios no existentes beneficiados con subsidios del Estado.
La situación tiene que ver con el giro de recursos del Gobierno nacional a través del Distrito de Riohacha, a la empresa Assa, por concepto de consumos en predios inexistentes que figuraban en la base de datos de la empresa.
La investigación inicio en el año 2019, por una denuncia de la firma interventora del contrato de operación, que fue atendida por la Procuraduría Regional de La Guajira, en la cual se cumplieron diferentes audiencias de las partes involucradas llegando a la conciliación por un valor $2.000 millones de pesos.
El proceso se encuentra en la etapa de legalización, y formalidad ante los entes de control.
El gerente de la empresa Asaa, William García, explicó que se revisó una muestra de la firma interventora, y efectivamente hallaron algunos predios que en la base de datos de la empresa eran inexistentes porque eran lotes y se les estaba cobrando el servicio.
Además de otros que cambian por una condición residencial mixta a una comercial, lo que arroja una dinámica propia concluyendo entonces, que ningún servicio público tiene hoy un catastro de usuarios al cien por ciento ajustado a la realidad de la ciudad.
Explicó, que en el proceso de la investigación se determinó que los problemas se presentan cuando se han cargado de forma masiva los catastros de usuarios que ha hecho el mismo Gobierno, y que ha entregado al operador.
“Se revisó y como operadores quisimos ser muy responsables del tema, nos fuimos al 2008 que fue cuando se comenzaron a pagar esos subsidios, se reconoció el recurso, y se firmó un acta de conciliación con la Alcaldía, dando fe de que estamos haciendo muchos más esfuerzos para lograr tener un mayor control sobre el catastro de usuarios, pero no vamos a lograrlo al cien por ciento por la dinámica que se ejerce del desarrollo predial que lleva la ciudad”, añadió.
Cabe destacar, que la empresa actualiza su base de datos con la información de los censos que realizan terceros que ejecutan obras de acueducto y alcantarillado, contratadas por el ente territorial.
