De acuerdo a lo planteado por el jurista, se trata de tres contratos suscritos entre el mandatario maicaero y el contratista en mención.
El primero es el contrato de prestación de servicios profesionales Nº. C-031 del 2017 celebrado entre el municipio fronterizo y Pájaro Álvarez, para el cual la administración local invitó al contratista a presentar una propuesta para ser contratado, pero “no se observa que se hubiese citado a más oferentes, lo que a simple vista redundaría en la violación del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que adiciona y modifica a la Ley 80 de 1993”, se lee en el documento de la demanda.
Por su parte, el segundo contrato Nº. 215 del 2017 es derivado del proceso de selección abreviada de menor cuantía Nº. 002 de 2017, celebrado entre el municipio y Pájaro Álvarez y un tercer contrato Nº. 247 del 2017, derivado de la licitación pública Nº. 006 de 2017, celebrado entre el municipio de Maicao y el consorcio Vías del Caribe, cuyo representante legal es Álvaro José Pájaro Álvarez.
“Nótese, que son contratos derivados de otros procesos contractuales, precisamente de los que el señor Pájaro tuvo conocimiento y de los que los alcaldes y secretarios le permitieron contratar, violentando los diversos regímenes de prohibición existentes en nuestro ordenamiento jurídico”, añade Pérez Brito.
El abogado continúa indicando que con esta potestad, es fácil inferir razonadamente que los señores Álvaro José Pájaro Álvarez, José Carlos Molina Becerra y Arnulfo Antonio Marín Álvarez, “ejecutaron de manera consciente acciones promotoras de actos de corrupción”, buscando el beneficio económico de una sola persona o la retribución económica mixta de los participantes en tales actuaciones.
Por otro lado, trece concejales del municipio interpusieron una denuncia en contra del mandatario local y el secretario General de la Alcaldía, alegando que “mediante el proceso político constitucional, denominado moción de censura, el Honorable Concejo Municipal de Maicao, decretó en sesión del 6 de marzo del 2019, la censura a Arnulfo Antonio Marín Álvarez y pese a esta censura, Molina Becerra se abstuvo por más de cinco días de dar cumplimiento a la censura y lo encargó como alcalde, al ya censurado”, expusieron.
Del mismo modo, argumentaron que pese a esta censura Marín Álvarez impetró una acción de tutela en contra de la decisión del Concejo municipal y en el auto que admite la acción, se dispuso suspender los efectos de la moción, mientras se resolvía de fondo el asunto.
El abogado Janer Pérez, representa a los concejales Wilmer Yesid Ríos Torres; Emiro Ospino Gómez; Martín Francisco Aramendiz Illidge; Kevin Simón López Barros; Laura Marcela Ramírez Cantillo; Liceth Carolina Urieta; Silbelly Silena Solano Iguarán; Rosa Ángel González Cambar; Jorge Luis Solano Fragozo; Jalder Javier González Rhenals; Jorge Elécer Villa Cantillo; Mateo Luquez López y Jair de Jesús Torres Mendoza.
