La Defensoría del Pueblo rechaza el asesinato de Fredy Rhenal Coronado, quien tenía 47 años de edad y se desempeñaba como defensor público en la regional La Guajira.
El asesinato del funcionario ocurrió el martes 5 de septiembre cuando se encontraba frente a su residencia ubicada en el barrio Rojas Pinillas del municipio de Maicao y recibió varios impactos de bala propinados por un sicario que se le acercó y sin mediar palabra lo atacó.
Los vecinos del sector lograron trasladar con vida al abogado hasta las instalaciones de la Clínica Maicao, donde fue atendido con urgencia, pero a las pocas horas los galenos de turno notificaron su deceso.
“A toda su familia, en nombre de la institución garante de los derechos humanos en Colombia, le enviamos nuestras más sentidas condolencias, al tiempo que la acompañamos en este momento de dolor”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís.
El señor Rhenal Coronado, quien era padre de cinco hijos, trabajaba como abogado desde el 2019 en el área penal de la Dirección Nacional de Defensoría Pública. Su labor consistía en gestionar la defensa jurídica de los derechos de la población privada de la libertad del Circuito Judicial de Maicao.
Con este lamentable hecho, ya son tres los homicidios en poco más de un año en contra de personas vinculadas a la entidad en el departamento de La Guajira. En marzo de este año, los violentos acabaron con la vida de Néstor Enrique Martínez Brito, funcionario de la misma regional, quien por más de 20 años trabajó por los derechos de la población.
También fue asesinado Raúl Rosales Blanquiceth, quien se desempeñaba como abogado en la regional de la Defensoría en el Departamento. El ataque sicarial ocurrió en el barrio Los Nogales de la capital guajira, a mediados de julio del 2022.
“No puede ser que continúen asesinando a nuestros funcionarios y defensores públicos, cuya misión no es otra que estar al servicio de la defensa, protección y garantía de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Los ataques, de cualquier magnitud, contra los servidores públicos tienen que parar”, manifestó Camargo Assís.
Le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, “con apego al principio de autonomía, adelantar las investigaciones en contexto que descarte o afirme si los tres hechos guardan alguna relación sobre la autoría”.
“Le hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que se adelanten estudios de riesgo aleatorio para nuestros servidores con mayor exposición en los territorios”, puntualizó el defensor del Pueblo.
