El proceso se seguirá llevando en Maicao, tras negación de traslado a Bogotá
La audiencia que estaba prevista para la mañana de hoy en el Juzgado Segundo de Maicao sería aplazada hasta que el Tribunal Superior de Riohacha se pronuncie sobre una solicitud de nulidad de todo lo actuado en el proceso que se le sigue a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez.
La solicitud de nulidad fue interpuesta por el abogado de la exmandataria ante el juez que lleva el caso en Maicao, quien la negó.
Ante este panorama, la defensa interpuso el recurso de apelación que estudia el magistrado Jaime Móvil del Tribunal Superior de Riohacha. Diario del Norte conoció que solo hasta la semana pasada llegó el expediente del caso, por lo cual aun no se ha tomado una decisión al respecto.
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Riohacha no admitió el traslado del caso a la ciudad de Bogotá como lo había solicitado la Fiscalía General de la Nación.
Se pudo establecer que en su momento, el ente investigador solicitó el traslado del proceso contra Pinto Pérez, acusada de presuntas irregularidades en la firma de dos convenios, argumentando que un funcionario judicial y varios testigos del caso fueron amenazados, así como que el juicio se realiza en el departamento de La Guajira donde la procesada goza de gran respaldo político.
Pinto Pérez debería comparecer debido a las acusaciones por presuntas irregularidades en la firma de dos convenios interadministrativos suscritos entre la Alcaldía de Albania y el Hospital San Rafael, y una adición por valor de 18 mil 600 millones de pesos.
El objetivo de los convenios era reducir la mortalidad infantil en el municipio, y donde al parecer se evidencia una presunta apropiación ilegal que llega a los 6.511 millones de pesos.
De acuerdo al ente acusador, 1.600 personas fueron contratadas muy a pesar que no tenían el perfil para las actividades que debían realizar.
El exalcalde del municipio de Albania, Yankeller Hernández, también se encuentra vinculado al proceso, y de acuerdo a la Fiscalía, es pieza clave para determinar las presuntas irregularidades del convenio y poder establecer claramente el grado de responsabilidad de la exgobernadora Oneida Pinto Pérez.
La exmandataria del departamento peninsular es acusada de los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, contrato sin lleno de requisitos legales, falsedad en documento público y privado.
Es de anotar que al cierre de esta edición, al juzgado de Maicao no se había presentado solicitud alguna para que la diligencia sea aplazada.
