Una fuerte polémica nacional que ha generado rechazo en una gran parte del Congreso de la República por donde se tendría que tramitar, generó el presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Constituyente en caso de que el legislativo no le apruebe sus reformas.
En medio de un discurso en la ciudad de Cali, el mandatario colombiano mencionó la idea, que muchos congresistas tildan como el inicio para que se reelija y perpetúe en el poder, comparando lo sucedido en Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez.
“Si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”. Y añadió: “La Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”.
Luego de la controversia desatada en todos los sectores políticos, fue el mismo Jefe de Estado quien aclaró que el proceso constituyente convocado no “es para cambiar la Constitución del 91 , ni para perpetuarme en el poder”.
Argumentó que en más de tres décadas que han pasado desde 1991, los poderes establecidos por el constituyente “no han podido resolver varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana y por eso debe el constituyente, es decir el pueblo entrar a resolverlos”.
Centró su iniciativa de reformar la Constitución del 91 en los poderes del Estado fueron “penetrados por un régimen de corrupción impune y de facto y por una gobernanza paramilitar que reemplazó el estado social de derecho y asesinó a más de 100.000 colombianos”.
Por eso propone que se discuta en este proceso constituyente:
1. El cumplimiento del acuerdo de paz que supone: a) una reforma agraria, b) la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida, y c) la verdad como eje de la justicia. El Estado incumplió el acuerdo de paz y la sociedad debe hacerlo cumplir.
2. Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana: Agua potable, salud, y renta para la población más vieja.
3. Recuperar los objetivos de la Constitución del 91, contrarreformados, en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria.
4. Constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía
5. Garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción.
6. Cumplir la orden de la Constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos, — (léase el Congreso) no cumplieron porque su base electoral depende es del actual ordenamiento territorial que es el de la Constitución de 1886.
7. Separar la política de la financiación privada.
8. Durante estos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema de justicia basado en la venganza punitivista y politizada que terminó encubriendo los grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía. Proponemos llevar el sistema judicial hacia obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia.
Y concluye manifestando que el pueblo está convocado por la Presidencia de la República “a expresarse, a decidir”. “Para ello proponemos la constitución de coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y la movilización general de la ciudadanía ¿Qué pasará con las actuales reformas en el Congreso? Si una mayoría formada en la Comisión Séptima del Senado anula los proyectos de ley discutidos arduamente en el Congreso, anulará el proceso de una transición tranquila y ordenada. El sistema de salud ya colapsó por su propia corrupción y el pensional privado se acerca a lo mismo por otras razones. Así que hundidas las transiciones ordenadas entramos a actuar de inmediato para garantizar los derechos de la población”, finalizó.
