El Representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez Soto, rechazó las declaraciones de la Senadora Aída Avella sobre el proceso de desalojo en Barrancas y le pidió mayor responsabilidad en el debate público.
Gómez Soto afirmó que el desalojo no es arbitrario, sino el cumplimiento de un fallo judicial en firme que respalda la propiedad del Municipio sobre el terreno en cuestión. Según explicó, la legalidad del proceso ha sido verificada mediante la Escritura Pública No. 415 de 2023, certificaciones del IGAC y dos decisiones judiciales que ratifican el derecho de posesión del Consorcio Nuevas Casas 2023 y el Municipio de Barrancas.
«La ley se respeta y el desarrollo de Barrancas no puede frenarse por desinformación. No podemos permitir que discursos alejados de la realidad entorpezcan el progreso del municipio ni debiliten el Estado de derecho», afirmó el congresista, rechazando cualquier intento de manipulación política en este proceso.
