La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a la excongresista María Cristina Soto por los presuntos delitos de corrupción de sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal.
La Corte Suprema de Justicia, anunció que la exrepresentante a la Cámara de Representantes por La Guajira es señalada de presuntas irregularidades en las elecciones de marzo de 2018.
En un comunicado la corte señaló “En la providencia la Sala decidió acusarla por los delitos de corrupción de sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal. Igualmente se determinó la preclusión de los cargos de concierto para delinquir y lavado de activos”.
De acuerdo con la investigación María Cristina “habría entregado dinero a líderes locales” para que consiguieran personas que votaran por ella a cambio de pagos en efectivo.
Además, se presume que habría entregado información falsa a las autoridades electorales sobre los gastos de la campaña.
De acuerdo con las informaciones, en noviembre de 2021, la Sala de Instrucción llamó a indagatoria a la exrepresentante a la Cámara por su presunta participación en el complejo entramado de corrupción electoral.
Este caso se habría registrado en las mismas elecciones que llevaron a la captura y condena de la excongresista Aida Merlano. De hecho, el esquema presuntamente usado en La Guajira es calcado del utilizado por Merlano en el Atlántico.
Según la denuncia, los ‘líderes’ reclutados repartían dinero y organizaron sus votos en determinados puestos de votación para poder controlar que efectivamente las personas votaran por Soto de Gómez, quien resultó electa en dichos comicios para el periodo 2018-2022.
La publicación realizada por, EL TIEMPO señala que en su momento las pesquisas revelaron que durante la campaña de María Cristina Soto de Gómez al Congreso, Simón López Martínez, Ades Alberto Aramandis Gómez y Joel Blanchar Plata habrían servido como coordinadores que reclutaron ‘lideres’ para contactar a personas que estuvieran dispuestas a inscribirse en determinado puesto de votación para votar a favor de la candidata, a cambio de dinero, para lo cual debían entregar el certificado electoral.
Asimismo, señala que, con la denuncia en la mano, la Fiscalía ordenó las interceptaciones telefónicas de estas personas justo para los días previos, durante y después de las elecciones. Ello permitió dar con los nombres de los líderes encargados de reclutar personas.
Ya con el caso en la Corte, algunos de ellos reconocieron a la Sala de Instrucción que participaron activamente en la campaña de Soto e identificaron a López Martínez como uno de los coordinadores de la misma en Maicao.
