El Consejo de Estado admitió una demanda que busca la pérdida de investidura de nueve congresistas implicados en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tras verificar que el recurso cumplía con los requisitos formales para su trámite.
Los demandados son los senadores Martha Peralta (Pacto Histórico), Sor Berenice Bedoya (Alianza Verde), Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Liliana Bitar (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal) y Karen Manrique (curules de paz).
La acción ante la alta corporación fue interpuesta por el abogado Pablo Bustos, representante de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, quien argumenta que los congresistas habrían incurrido en faltas relacionadas con tráfico de influencias y violaciones al régimen de incompatibilidades en el marco de presuntas gestiones irregulares que habrían beneficiado iniciativas legislativas a cambio de contratos y cargos vinculados a la UNGRD.
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Con la admisión del recurso por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se abre la puerta para que el caso avance hacia la etapa de estudio de mérito, en la cual se analizarán las pruebas aportadas y se podrían citar a las partes involucradas, proceso que, de prosperar, podría derivar en la pérdida de sus curules.
Proceso judicial y fundamentos de la demanda
La demanda de pérdida de investidura fue admitida después de que el Consejo de Estado considerara que el recurso surtió los requisitos formales necesarios para su estudio en derecho. La admisión no implica aún un pronunciamiento sobre responsabilidad política, sino el inicio del trámite para evaluar si existen causales que ameriten la destitución política de los congresistas mencionados.
El abogado demandante basó su acción, en parte, en declaraciones entregadas ante la Fiscalía por exdirectivos de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, que habrían señalado posibles acuerdos y gestiones irregulares en torno a la asignación de contratos y apoyo legislativo a cambio de beneficios para los representantes y senadores señalados. Estos testimonios han sido retomados en diversos procesos judiciales conectados con la investigación penal que también cursa por estos hechos.
Etapas siguientes del proceso ante el Consejo de Estado
Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado procederá ahora a estudiar el fondo de los señalamientos, etapa en la cual los congresistas demandados tendrán la oportunidad de presentar descargos y aportar pruebas en su defensa. La decisión sobre la eventual pérdida de investidura será tomada una vez agotado el análisis de los elementos presentados por las partes.
Este proceso ante el alto tribunal se desarrolla de manera paralela a otras investigaciones judiciales y disciplinarias que enfrentan algunos de los congresistas ante la Corte Suprema de Justicia, relacionadas con presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.
Hasta el momento, los congresistas demandados no han emitido pronunciamientos públicos formales sobre la admisión de la demanda ni sobre su estrategia de defensa, aunque se anticipa que sus declaraciones oficiales podrían conocerse en los próximos días conforme avance el trámite judicial.
