La pluma dorada de La Guajira plasma la página en blanco con la tinta fina de su pensamiento inspirada en preguntas que incomodan porque, cuando se formulan con honestidad, dejan al descubierto contradicciones que hemos aprendido a aceptar como normales.
En Colombia hemos convertido la política en una cuestión de simpatías, apellidos, partidos, ideologías y maquinarias electorales. Preguntamos quién nos gusta, quién representa nuestras ideas, quién promete aquello que queremos escuchar. Pero pocas veces preguntamos algo que debería ser fundamental antes de entregar a una persona las llaves de un municipio, de un departamento o incluso de la República: ¿está realmente preparada para gobernar?
Desde los primeros momentos de nuestra historia republicana hasta la Colombia del siglo XXI, hemos cambiado gobiernos, partidos, discursos y colores políticos. Sin embargo, hay algo que parece permanecer: los mismos apellidos, los mismos grupos de poder, las mismas estructuras y, muchas veces, las mismas prácticas.
Unos nombres aparecen en la Presidencia; otros, en el Congreso; otros, en gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. Y cuando un apellido deja de tener suficiente fuerza electoral, aparecen nuevos rostros, nuevos nombres, nuevas figuras que aparentemente representan una renovación, pero que en ocasiones terminan siendo la prolongación de las mismas estructuras políticas.
No se trata de afirmar que una persona perteneciente a una familia política esté incapacitada para gobernar. Sería injusto. El problema es otro: que el apellido, la maquinaria, el partido o la popularidad no pueden convertirse en sustitutos de la preparación, la experiencia, la ética y la capacidad de administrar lo público.
La Constitución Política establece los principios bajo los cuales debe funcionar nuestro Estado. Colombia está organizada bajo la separación de poderes y el equilibrio entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Esa separación no debería ser simplemente una arquitectura jurídica escrita en un documento. Debería representar también una cultura de responsabilidad frente al poder.
Y aquí aparece mi inquietud. Para llegar a determinadas posiciones dentro de la Rama Judicial existen exigencias de formación, experiencia, trayectoria y conocimientos. Para llegar a las altas cortes se requiere una carrera profesional y una vida laboral que permita demostrar conocimientos y experiencia jurídica. No basta con ser popular. No basta con tener amigos. No basta con pertenecer a un grupo.
Entonces pregunto, ¿por qué somos tan rigurosos con quienes administran justicia y tan permisivos con quienes administran los recursos, las instituciones y el futuro de millones de colombianos?
No estoy diciendo que una persona necesite tener cinco títulos universitarios para ser alcalde, gobernador, congresista o presidente. Tampoco estoy diciendo que un diploma sea garantía automática de inteligencia, honestidad o capacidad.
El propio debate nacional nos ha recordado que existen personas con muchos títulos que, al llegar a un cargo, no necesariamente producen buenos resultados; y también existen personas sin una larga trayectoria académica que han demostrado enormes capacidades. Es cierto.
Un título no garantiza un buen gobernante. Pero tampoco podemos caer en el extremo contrario de creer que la ausencia de preparación no importa.
Una cosa es reconocer el talento natural, la experiencia comunitaria, el liderazgo social y el conocimiento del territorio. Otra muy distinta es considerar que para administrar un municipio, un departamento o una nación basta con tener popularidad, capacidad de discurso o respaldo electoral.
Gobernar no es solamente ganar elecciones.
Gobernar significa administrar presupuestos públicos, formular políticas, interpretar normas, dirigir instituciones, contratar, planear, responder ante los organismos de control, garantizar derechos, enfrentar crisis, tomar decisiones económicas y sociales y comprender las consecuencias que cada decisión puede tener sobre miles o millones de personas.
Legislar tampoco es simplemente ocupar una curul. Un congresista participa en la construcción de las leyes que van a regular nuestra vida. Sus decisiones afectan la educación, la salud, la economía, la seguridad, el campo, la cultura, el ambiente, los derechos laborales y las oportunidades de las nuevas generaciones.
Entonces, ¿no deberíamos preguntarnos si quienes llegan al Congreso tienen las herramientas mínimas para comprender aquello sobre lo cual van a legislar?
Aquí es donde considero que Colombia necesita abrir una discusión seria, sin miedo y sin banderas partidistas, ¿debemos establecer mayores requisitos de preparación, formación, experiencia y conocimiento para acceder a determinados cargos de elección popular?
Sé que esta propuesta genera resistencia. Algunos dirán que exigir títulos o determinados niveles de formación sería excluir a las comunidades populares, rurales, indígenas, afrodescendientes o a quienes históricamente no han tenido acceso a la educación superior.
Y esa preocupación merece ser escuchada. Pero garantizar el derecho democrático a participar no debería significar renunciar a la responsabilidad de gobernar bien.
La verdadera discusión, entonces, no debería ser simplemente: ‘¿título sí o título no?’.
La pregunta debería ser mucho más profunda. ¿Qué conocimientos, qué experiencia, qué capacidades, qué formación ética y qué trayectoria debería demostrar una persona antes de recibir la responsabilidad de administrar los bienes y los destinos de todos los colombianos? Porque si una persona quiere ejercer la medicina, debe prepararse. Si quiere ejercer el derecho, debe prepararse. Si quiere administrar justicia, debe prepararse. Si quiere pilotear un avión, debe prepararse. Si quiere ocupar determinadas posiciones dentro del Estado, debe demostrar conocimientos y experiencia.
¿Por qué entonces la preparación para gobernar parece ser, en tantos casos, una cuestión secundaria? Tal vez hemos confundido democracia con improvisación. La democracia debe garantizar que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de participar en la vida política. Pero una cosa es el derecho de participación y otra muy diferente es pensar que todos estamos igualmente preparados para desempeñar cualquier responsabilidad pública.
El Estado no puede ser tratado como una finca electoral. Una Alcaldía no es propiedad de un partido. Una Gobernación no es patrimonio de un clan. Una curul no debería convertirse en una herencia política. Un Ministerio no puede ser el premio de una alianza.
Y la Presidencia de la República no puede entenderse como la conquista de una ideología sobre otra.
