Y el proyecto de presupuesto fue devuelto por la Honorable Asamblea al Gobierno departamental el pasado 15 de octubre. Se los dije.
A pesar de los parlantes que sin ningún criterio salieron a descalificarme porque hice unas críticas objetivas al mencionado proyecto, y las publiqué en anterior columna con el ánimo de contribuir a que no se incurriera en una lista de errores y deficiencias técnicas que relacioné.
Eso parece que no le gustó al Gobierno departamental y creo que también promovió mi descrédito, pero tengo que confirmarlo y por eso estoy a la espera de que me resuelvan unos derechos de petición que presenté, para que me aclaren las razones por las cuales pusieron a circular una supuesta propuesta de prestación de servicios profesionales que fue radicada de manera manual por un funcionario de la Gobernación, sin que yo lo hubiera autorizado para tales efectos. Hay que esperar. Pero voy hasta las últimas consecuencias.
De acuerdo con el oficio con el cual fue devuelto el proyecto de presupuesto, firmado por el diputado Maykel Castilla Ariza como presidente de la comisión, las razones de la devolución se fundamentan en que no fue incluido un informe donde se evalúe el cumplimiento de los objetivos establecidos en las ordenanzas que han autorizado la creación de rentas de destinación específica, un anexo de la clasificación económica del presupuesto y el resumen homologado de las cifras del presupuesto y Plan Financiero, conforme lo establece el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Presupuesto del departamento de La Guajira.
Adicionalmente, manifiesta la Honorable Asamblea su inconformidad con respecto a la estimación realizada para la inversión en el sector promoción para el desarrollo y las transferencias que le corresponden a la Contraloría y Asamblea departamentales porque no cumple con los criterios establecidos en la Ley 617.
También dice la Asamblea que no se informa sobre el comportamiento del recaudo por concepto de las diferentes estampillas que hacen parte de la estructura de ingresos del presupuesto. Y tampoco fueron anexadas las actas de concertación de la mesa de trabajo con la Procuraduría delegada para la niñez, infancia y adolescencia. También evidenció la Asamblea que algunos programas no tienen definidos subprogramas. No existe coherencia con el plan financiero y plan de inversiones. Además de que no informa sobre los recursos que se tiene previsto recibir del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías.
El pasado 23 de octubre la Gobernación respondió todas las observaciones de la Asamblea. Algunas con suficiente argumentación, pero otras de manera deficiente.
Y también hay que decirlo. La deficiencia en la argumentación no es responsabilidad absoluta del actual gobierno, en eso hay que ser objetivo. Porque varios de los documentos que se deben anexar al proyecto se vienen desarrollando desde administraciones anteriores. Como es el caso del marco fiscal de mediano plazo, las vigencias futuras constituidas, la nueva estructura del clasificador presupuestal, entre otros aspectos. Cuando el presente gobierno asumió el pasado 1º de enero ya esos documentos existían y lo que debía hacer era darle continuidad, lo cual no obsta para que le hubieran hecho los ajustes necesarios, y ahí es que está el pecado.
Sin embargo, tal y como lo expone en su respuesta a la Asamblea, se engaña la administración departamental, y también engaña a la opinión, cuando afirma en las respuestas del oficio remisorio que “El compromiso del departamento para la vigencia 2021 es lograr el fortalecimiento administrativo y financiero, a través de la celebración del acuerdo de reestructuración de pasivos.” Es pensar con el deseo y eso no es malo. Pero hay que ser objetivos con los tiempos.
El gobernador lo sabe, de acuerdo con la reglamentación vigente, las entidades territoriales que son admitidas para iniciar un acuerdo de reestructuración de pasivos cuentan con un plazo de 4 meses para determinar las acreencias y asignación de votos, y luego otros 4 meses para negociar el acuerdo con los acreedores.
Pero antes de esos 8 meses hay que organizar toda la información, para lo cual hay que llevar a cabo los procesos de depuración y saneamiento de la información contable relacionada con las acreencias.
Porque obligación que no esté incluida en la contabilidad no será pagada. Y la misma Gobernación ya lo ha dicho: “El estado de situación financiera y de resultados de la Gobernación del Departamento, es poco confiable o no refleja la realidad,…”. Es decir, no hay una contabilidad razonable. No existe una contabilidad confiable.
En ese mismo sentido, el marco fiscal de mediano plazo que ha sido presentado anexo al proyecto de presupuesto no cumple con las especificaciones técnicas que están reglamentadas en la Ley 819 y lo tendrán que hacer de nuevo. En fin, hay que organizar la información que se requiere para el proceso; y mientras no se haga tampoco habrá proceso. Organizar la casa en materia de información.
Discúlpeme señor gobernador, le insisto. Le sugiero que solicite primero un acompañamiento de la DAF del Ministerio de Hacienda, para que le apoyen en todo lo relacionado con la organización de la información. Y después de que ya todo esté organizado empiece con el proceso de reestructuración de pasivos porque de lo contrario se va a perder tiempo valioso.
