Lo que comenzó como una acusación viral en redes sociales, terminó convirtiéndose en un viaje a las profundidades del abandono institucional. La Institución Educativa Rural Integral Tejiendo Saberes, ubicada en una de las zonas más apartadas del municipio de Uribia, fue blanco de graves señalamientos públicos por presunto fraude en el reporte de matrícula escolar. Se le acusaba, sin pruebas, de inflar el número de estudiantes y de incurrir en prácticas ilegales para simular una cobertura educativa inexistente.
Según la publicación que originó la controversia, en esa escuela se habrían reportado más de 6.000 estudiantes, de los cuales al menos 2.000 serían ‘fantasmas’. Además, se afirmaba que la directora del plantel, Jacqueline Rodríguez, presuntamente estaría pagando a jóvenes para que asistieran a clases y así justificar el número inflado ante los entes oficiales.
Este medio decidió verificar la información en terreno. Tras un recorrido por distintas sedes de la institución, distribuidas en comunidades indígenas de difícil acceso, el panorama encontrado dista radicalmente del imaginado escándalo de corrupción: no hay fraude, hay precariedad; no hay fantasmas, hay estudiantes reales aprendiendo en medio de la adversidad.
La educación resiste
La institución Tejiendo Saberes no es un colegio de paredes blancas ni de pizarras digitales. Es una red de comunidades wayuú donde la educación se imparte muchas veces al aire libre, bajo enramadas, en rancherías de bahareque o en pequeños espacios improvisados como aulas. Son territorios donde los niños caminan kilómetros para llegar a clase, donde los docentes deben desplazarse en motocicleta por caminos de arena y trochas casi intransitables.
El sistema educativo rural en Uribia opera bajo condiciones críticas, pero no inexistentes. La cifra real de estudiantes es de 5.458, número que fue confirmado por la Secretaría de Educación municipal de Uribia, liderada por Yelenca Gutiérrez. Esta cifra, lejos de ser un invento, proviene directamente del Simat, el sistema oficial de información que valida las matrículas escolares en Colombia.
“El Simat no permite que una matrícula ficticia pase como válida. La cifra registrada es fidedigna, técnica y verificable. Lo que hay es una necesidad enorme de inversión, pero no fraude”, aseguró la secretaria Gutiérrez, desmintiendo tajantemente los rumores difundidos en redes sociales.
La directora Jacqueline Rodríguez, visiblemente afectada por las acusaciones, rechazó enérgicamente las denuncias infundadas y aprovechó para hacer un llamado urgente al Gobierno nacional y a las ONG interesadas en el desarrollo de La Guajira: “Aquí no estamos falsificando datos. Estamos enseñando sin condiciones dignas. Lo que necesitamos es ayuda, no calumnias. No tenemos aulas, pero sí tenemos estudiantes con ganas de aprender y maestros con vocación”.
La denuncia pública afectó la moral de una comunidad educativa que, pese a la falta de recursos, lucha por garantizar el derecho a la educación. “Mientras otros dudan de nuestra existencia, aquí estamos enseñando bajo los árboles, compartiendo un solo cuaderno entre dos alumnos. Necesitamos visibilidad, pero desde la verdad”, insistió Rodríguez.
Voces desde la arena
Diana Ipuana, lideresa indígena wayuú, también se pronunció sobre el abandono estatal. “Solo vienen a tomarse fotos cuando hay un escándalo, pero nadie se queda a ver que nuestros niños estudian sin pupitres, sin baños, sin alimentación completa. Esto no puede seguir así”, manifestó con indignación.
Por su parte, Zenobia Ipuana, madre de tres estudiantes del plantel, agradeció a los docentes por su entrega y pidió al Estado “que devuelva los ojos a estas instituciones donde la educación se imparte en la arena, bajo la sombra de un palo, pero con dignidad”.
El recorrido por Tejiendo Saberes dejó una enseñanza clara: no hay cifras infladas, lo que hay es deuda social. Lo que se reportó como un posible caso de corrupción terminó siendo una radiografía cruda de la precariedad que enfrentan cientos de niños y docentes en la Alta Guajira.
La pregunta no debería ser cuántos estudiantes hay realmente, sino por qué siguen estudiando en esas condiciones sin que se generen políticas públicas efectivas de atención integral. El escándalo no es que haya 5.458 estudiantes registrados; el escándalo es que haya 5.458 niños sin pupitres, sin aulas, sin agua potable ni conectividad.
Una vez más, las redes sociales difundieron una versión distorsionada. La verdad, sin filtros ni algoritmos, estaba allá, en el corazón del desierto, donde la educación no se mide en cifras, sino en resistencia.
