Hay una crueldad silenciosa en los papeles del Estado. No viene con botas ni con armas. Viene con sellos, con avalúos, con tablas de valorización catastral. Y esta semana, esa crueldad bajó a las carreteras de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Putumayo en forma de bloqueos, de familias con machetes y banderas, de voces que llevan seis días gritando una sola cosa: no nos quiten lo único que tenemos. El paro nacional por el aumento del impuesto predial no es un capricho. No es politiquería. Es el grito de quien recibió un papel que no entiende cómo pagar.
Los ciudadanos alegan que el alza en el impuesto les va a terminar quitando su predio al no poder pagarlo. Eso no es una exageración retórica: es matemática de despojo. Cuando un campesino de Lebrija o de un municipio de Boyacá recibe una liquidación predial que creció de un año para el siguiente de manera desproporcionada, no tiene dónde buscar ese dinero. No tiene bono de fin de año. No tiene cartera de inversiones. Tiene una parcela, unas matas de café o de cacao, y las manos.
La actualización catastral es necesaria, sí. Nadie dice que el Estado no deba tener información actualizada sobre la tierra. Pero una cosa es modernizar el catastro y otra muy distinta es convertir esa modernización en un instrumento de expulsión. Cuando el avalúo de una finca sube abruptamente porque la tierra ‘vale más’ según modelos técnicos diseñados en oficinas de Bogotá, pero el ingreso del campesino que la trabaja no subió ni un peso, la política fiscal deja de ser justa y se convierte en un absurdo.
Pero antes de hablar de los bloqueos, hay que hablar de lo que los causó. El desorden en las vías es el síntoma. La enfermedad es otra.
Lo que necesita este país no es un parche de emergencia ni una reunión con el ministro del Interior que produzca un comunicado de tres renglones. Lo que necesita es una política predial con rostro humano.
Si el Gobierno decide que una finca ‘vale más’, eso no puede traducirse en una cuenta imposible de pagar de un día para otro. El campesino no puede prepararse en semanas para lo que el Estado tardó años en calcular. El aumento debe ser gradual, pausado, con el mismo ritmo lento con el que crece una mata de café. Nada de sorpresas que derrumben una economía familiar de la noche a la mañana.
El campesino, el abuelo que vive en su única parcela, la familia que volvió a su tierra después de años de desplazamiento: ninguno de ellos debería tener que demostrar su sufrimiento en una oficina lejana para recibir un descuento. Ese alivio debería llegar solo, automático, como un reconocimiento de que el Estado sabe quiénes son y dónde están.
La tierra en Colombia tiene una historia de sangre y de despojo. Por eso, cuando el Estado le pone un precio que el campesino no puede pagar, no está haciendo fiscalidad: está repitiendo, con otros instrumentos, una historia muy vieja y muy dolorosa.
Cobrar impuestos es legítimo. Quitarle a quien no tiene para darle al que ya tiene todo, no lo es.
