Al caso del médico que disparó contra tres delincuentes que intentaron agredirlo cuando cruzaba un puente peatonal en Bogotá, le han seguido otros episodios en los que las víctimas de atracadores se defienden y terminan atacando a sus victimarios.
Más allá de desatar una polémica para dilucidar si esos hechos se podrían enmarcar dentro de la legítima defensa o la justicia por mano propia, lo que se evidencia es un incremento de la inseguridad y carencias en la política criminal.
Los ciudadanos decidieron actuar porque se sienten amenazados y se cansaron de ser víctimas de las bandas de delincuencia, como ocurre con algunos propietarios de establecimientos de comercio que en el último año fueron objeto de reiterados asaltos. He recibido varias quejas en ese sentido.
La inseguridad en los puentes peatonales no solo se registra en la calle 123 con carrera novena, donde murieron los tres asaltantes a manos del médico. Parece que estos cruces en las vías son el refugio perfecto para que los atracadores tomen por sorpresa a sus víctimas, especialmente en la noche. Así ocurre en otros puentes de Bogotá como el de la calle 134 con autopista norte o la calle 26 con avenida Boyacá, donde se han reportado hechos violentos. La mayoría de estos casos no se ponen en conocimiento de las autoridades porque la percepción es que las denuncias no se impulsan o son archivadas.
La falta de confianza en el sistema judicial es sustentada por su inoperancia, que obedece a diferentes factores, muchas veces ajenos a los jueces o fiscales. Capturas que se realizan sin el rigor establecido por la ley obligando a que se decrete la libertad del detenido, no hay investigadores suficientes en la Fiscalía para recaudar los elementos materiales probatorios durante las 36 horas que tiene para legalización de capturas, falencias en el diseño del sistema penal acusatorio que obliga al funcionario judicial a conceder subrogados, congestión en los despachos que impide cumplir con los términos establecidos.
Sea cual fuere la razón la conclusión es que no hay una justicia oportuna y la impunidad es alta, los delincuentes quedan en libertad y salen a la calle a continuar con su empresa criminal.
No puede ser que la ley se aplique con más rigor al ciudadano que tratando de defenderse casusa lesiones a su victimario, que a quien sale con la intención de hacer daño. Los casos del médico, el tendero que disparó contra los asaltantes en Medellín o el exmilitar que accionó su arma para evitar ser víctima de fleteo, son hechos que se enmarcan dentro de la legítima defensa.
Gruesa tarea tiene el Estado para superar la percepción ciudadana de desamparo. El Congreso, la Rama Judicial, la Fuerza Pública y los entes de control deben aportar su cuota.
