El ordenamiento jurídico en Colombia contempla 16 delitos contra el sufragio, castigando conductas u omisiones que atentan contra la transparencia, igualdad y objetividad del sistema electoral. La mayoría de ellos establece condenas que van desde los cuatro hasta los nueve años de cárcel.
Estas sanciones penales tendrán que ser aplicadas de forma rigurosa para los que pretenden obtener beneficios con acciones fraudulentas en los comicios regionales que se celebrarán el próximo 27 de octubre. Las autoridades deben poner la lupa sobre esas conductas que son los primeros eslabones de la cadena de corrupción en la administración pública. Quienes llegan a cargos de elección popular como consecuencia de actos irregulares al momento de hacerse elegir, en ese sentido trazan la línea que delimitará su gestión. El que recibe favorecimientos de terceros estará ‘vendiendo el alma’ y quedará comprometido para devolver atenciones durante el ejercicio de sus funciones.
En campañas políticas en las que se invierten tres mil, cuatromil millones de pesos o más, violando los topes de gastos, la única opción de recuperar ese dinero es acudiendo a hechos de corrupción o beneficiando con contratos a los que aportaron recursos para financiarla. Por eso es tan importante que las autoridades electorales, penales y los órganos de control, sean drásticos al momento de sancionar los ilícitos contra el sufragio, de ahí parte la efectividad de la lucha contra la corrupción. Si llegan a esos cargos personas que antes de posesionarse están incurriendo en irregularidades, no se podría esperar un mandato transparente.
En una democracia que se pregona como ejemplar, no se pueden tolerar prácticas como la trashumancia, compra de votos o personas fallecidas que reviven para ir a las urnas a cumplir el sagrado derecho de votar, como si estuvieran expiando culpas. El trasteo de votos, penalizado con prisión de 4 a 9 años, es uno de los ilícitos más recurrentes, al punto que 262 municipios están potencialmente en riesgo. Esto equivale a decir que el 23 por ciento de los municipios son vulnerables frente al fraude en inscripción de cédulas, cerca de una cuarta parte de las entidades territoriales terminarían con elecciones ilegítimas.
Sin que se cumpla la jornada del 27 de octubre, el Consejo Nacional Electoral ya está estudiando más de 800 solicitudes de revocatoria de candidatos, la mayoría de ellas por presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. De resultar elegido un candidato incurso en una de las causales de inhabilidades, los costos posteriores en procesos judiciales por nulidades y destituciones y la consecuente convocatoria a nuevas elecciones serían muy altos.
El control en las zonas que son epicentro de bandas de delincuencia, donde el crimen organizado busca participación en los recursos regionales, tiene que ser riguroso. Estos grupos financian algunos candidatos para hacerse con una parte del presupuesto estatal o para alcanzar el manejo territorial sin que el Estado interfiera en sus actividades ilícitas.
El país necesita una transformación en la forma de hacer política, cambios en la administración pública, funcionarios libres de corrupción y un avance para lograrlo es tener unas elecciones transparentes, permitiendo que lleguen personas idóneas a las entidades territoriales.
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