La Organización Mundial de Propiedad Intelectual –Ompi–, conformada por 170 países, es un organismo de las Naciones Unidas creado en 1967 con el objetivo de desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional equilibrado, accesible y que recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.
De hecho, 2018 registró una nueva cifra récord de 253.000 solicitudes internacionales de patentes: Estados Unidos conservó su primer puesto con 56.142 seguido por China con 53.345. Japón con 49.702. Alemania con 19.883 y Corea del Sur con 17.014. Igualmente, en Latinoamérica, Brasil ocupó el primer lugar con 619 solicitudes, Chile con 245, México con 274 y Colombia con solo 163 con el agravante de que el 80% de las presentadas son de extranjeros que viven en el país.
Ahora bien, en la propiedad intelectual encontramos dos ramas tradicionales: derechos de autor y propiedad industrial. Además es un sistema de protección regulado a nivel mundial: la declaración universal de los derechos humanos otorga la facultad de explotar económicamente cualquier activo de propiedad intelectual. Segundo, la declaración de los derechos y deberes del hombre señala que “toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas”.
Igualmente, la Convención Americana sobre derechos humanos -conocida como pacto de San José de Costa Rica- establece que: “Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos…”.
Es importante tener en cuenta que la Ompi siempre ha publicado que existe una clara y palpable relación existente entre la propiedad intelectual, la creación de riqueza y su relación con el crecimiento en la economía de los países.
Así las cosas, debemos inventar, investigar y crecer en solicitudes de licencias de propiedad intelectual. Aunque desde nuestro Congreso con la Ley 1915 de 2018 se esperó avanzar en desarrollo de software.
En síntesis, para que nuestros científicos no tengan que irse a investigar, aportar y crear conocimiento en otros países, que este gobierno y los que siguen, no sigan recortando aportes económicos a Colciencias.
