Una de las ideas más importantes de la teoría del derecho, tanto en el mundo anglosajón como en el continental, es que los ordenamientos jurídicos no están compuestos solamente por normas, entendidas como reglas, sino también de principios.
La constitución colombiana contiene dos categorías de normas. Unas que organizan el Estado bajo la legitimación y otras que encauzan o limitan el poder del mismo, a través de los derechos fundamentales.
En días pasados, la administración de Riohacha inició como política la recuperación del espacio público, al menos en lo que se conoce como centro histórico y turístico. Lo cual son acciones loables en aras de proteger tanto la movilidad como el ambiente sano en dicho cuadrante territorial.
Ahora, se viene una tarea importante y es la de exigir de las edificaciones que se están levantado la construcción de sus parqueaderos internos, con el fin de ir poniendo en orden al menos lo que podemos mostrar al visitante en cualquier época del año. La histórica falta de planificación no debe conllevar a la administración territorial en seguir haciéndose el de la “vista gorda” porque en la medida que no se tenga una hoja de ruta y cumplimiento de la ley, los derechos de los demás ciudadanos se verán conculcados, ya que no se le da la alternativa de parqueo a quien trabaja o define realizar diligencias en el sector.
Recordé gratamente –guardando las proporciones– una discusión jurídica bastante importante entre los maestros Robert Alexys y Jürgen Habermas respecto a los derechos fundamentales, su ponderación y racionalidad, la cual nuestra Corte Constitucional desde las goteras de los años 90 viene cada día sentando jurisprudencia.
Y es que la discusión de ambos tratadistas no es menor, si observamos que las normas constitucionales se encuentran inmersas en el diario vivir del ciudadano, y más en la aplicación que deben iniciar las administraciones públicas si pretenden cumplir con sus programas de gobierno y los mandatos legales. Incluso, los funcionarios públicos, con sus decisiones no pueden quitarle fuerza normativa a la aplicación de los derechos fundamentales ya que los degradarían al plano de los objetivos, perdiendo como lo sostiene Habermas la “primacía estricta” como característica fundamental de ellos.
Ahora bien, situemos la discusión en sus justos alcances. Sin duda para el profesor Alexys, la ponderación al momento de colisión de 2 derechos fundamentales que deben hacer los funcionarios, exige en su argumentación acompasarla bajo el principio de la proporcionalidad. Y en el caso en comento, para que no exista el peligro de ablandamiento de los derechos de los ciudadanos, se hace necesario el desarrollo adecuado, necesario y proporcional de una idea de optimización de espacios públicos.
Considero a las personas que viven en los diferentes barrios de Riohacha y deben dirigirse en sus carros hacia el norte de la ciudad o lo que tradicionalmente se conoce como “centro”, pues adolecemos de un sistema de transporte urbano y de parqueaderos públicos regulados por la corporación edilicia, que organice el acceso al mismo y determine cuáles son las zonas permitidas para parquear un vehículo, sin ocupar el espacio público permitiendo mayor eficiencia en la movilidad.
Se trata de asegurar ámbitos claramente diferenciados para autoridades y ciudadanos; donde la aplicación de una norma, actúe de tal manera que no asfixie los derechos fundamentales por exceso, ni por defecto.
