Por Martín Nicolás Barros Choles
La politización es una verdad de apuño en la práctica de corrupción que opera con acciones ilícitas y conductas delictivas, ejercida por servidores públicos en condición de representante y autoridad competente en poderes ejecutivo, legislativo, judicial, órganos de control (Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo) y por último, en la Fiscalía con las dependencias subordinadas.
Los poderes públicos que deben manejarse de manera transparente e independiente, están ligados y amangualados con los partidos políticos que carecen de credibilidad por inserios y manipuladores, engañando a quienes les desconocen, con intenciones y objetivos que los dejan mal parado. Predomina el dinero y tráfico de influencia para cualquier solución de función natural en trámite, sin que sea necesario ofertas lucrativas de sobornos para beneficio particular y personal de quien ejerce la autoridad.
La politización no es más que un concierto de los delincuentes que gobiernan, legislan, disciplinan, penalizan y judicializan con ramificaciones extensivas. Si no hay confianza por las autoridades y servidores públicos que actúan de mala fe, al estilo mafioso, ¿cómo podemos evitar la injerencia, participación y relaciones politizadas; impuestas por los altos mandos politiqueros de bancadas, atornillados y pegados de las tetas de los recursos públicos desde hace más de un siglo, en las instituciones públicas, cooperándose en enlaces, retribuciones, contraprestaciones y favores mutuos?
¿Que la justicia debe reformarse? Están en mora de hacerlo. ¿Pero qué garantiza una reforma en la justicia, si siguen los mismos, en forma directa e indirecta que la han hundido en el desprestigio, por la mala reputación que la demerita? El asunto es más de ética y moralidad que de contenido textual normativo insertado en las reformas.
Muchas leyes han sido promulgadas y reglamentadas por decreto para combatir y erradicar la corrupción, pero de nada sirve la letra muerta, porque los corruptos no aplican, la condicionan a negocio de valor económico o la utilizan para sancionar con castigos, en venganza a opositores y contradictores por ordenación o encargo político y remunerativo.
Donde no hay justicia, jamás habrá paz. Eso ocurre no solo en Colombia, sino en naciones y territorios donde la justicia gira en dirección torcida e indecente; víctima de operadores y dictadores absoluto, que la secuestra y colocan a sus servicios, violando derechos y garantías de defensa, ofendiendo y degradando la humanidad.
En la justicia el problema es de fondo, más que de forma. Para ganar confianza en la administración de justicia, es necesario descontaminarla y purificarla, comenzando con engendrar nuevos cultivos especializados en manejos judiciales tecnificados que estén dotados de condiciones y calidades personales en ética moral y humanidad, llegando a la administración de justicia en concurso meritorios, diferente a lo que hoy practican para no tener que deber favor de padrinazgo o político en la sustitución de plano, sobre los individuos y elementos que les causan daños y perjuicio a la justicia, etiquetándola con el cartel de la toga.
Los cargos de elección y nombramientos de magistrados de la Corte Constitucional y Procurador, están a cargo del Senado. El del Contralor por la Cámara de Representantes y el Fiscal por la Corte Suprema de Justicia, de terna que remite el presidente de la República. La selección y escogencia de las referenciadas autoridades, depende de manejos políticos entre corruptos, interesados en ganar y compartir reparticiones burocráticas y espacios de explotación económica; en instituciones de elección en designación a periodo de término.
La detención del expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, por orden de la Corte Suprema, ha levantado un polvorín en el partido Centro Democrático, en cuya protesta de inconformidad claman con emoción por una Asamblea Constituyente, para que reduzca el poder judicial en una sola corte y beneficie a Álvaro Uribe, liberándolo y limpiando la imagen de quien se autodenomina secuestrado por la máxima autoridad judicial. Pero el mismo Centro político, (quejoso) tiene a favor de sus toldas al fiscal General, Francisco Barbosa Delgado y también aseguraron la elección de la Procuraduría, en cabeza de la exmagistrada de la Corte Suprema y exministra de Justicia, Margarita Cabello.
El partido que gobierna quiere acabar lo que no comulgue con Uribe y el blanco que tiene en la mira es la Corte. Igual con quienes no los encubren, favorecen y contradigan.
Como podrán observar, el gobierno de Uribe e Iván Duque tiene en el bolsillo la Fiscalía y Procuraduría, pero en contra tiene a la Corte Suprema. Así se disputan los poderes e instituciones públicas, en la politización de la justicia, persiguiendo por un lado y tapando por otro.
