La salud está deshumanizada, en estado precario, atrapada y secuestrada por mafias corruptas absorbiendo los presupuestos nacional, departamental y local, destinado anualmente para la atención de salud a personas afiliadas en calidad de subsidiarias y contributivas, en especial para personas de clases estratos bajos, ancianos, indigentes, desempleados y actividades informales relacionadas con el rebusque, con la finalidad de ampararla y acreditarla en servicios de salud con Sisbén expedidos por alcaldías.
El Gobierno destina $60 billones al régimen subsidiario para los gastos y pagos a hospitales públicos, clínicas y EPS, en cumplimiento de servicios médicos, procedimientos, laboratorios, cirugías, drogas, radios X, ambulancias, hospitalización y terapias, entre otros servicios. El régimen contributivo aporta a la salud en Colombia unos $22 billones anuales, y complementado con el subsidiario sobrepasarían los $80 billones. Los referidos montos no son suficientes para quienes vienen administrando los servicios de atención de salud.
El servicio de salud, más que humanitario es mercantilista, articulado por los proveedores de farmacéuticas de drogas con efectos secundarios para dañar y deteriorar la salud de las personas, en el afán de amarrar clientes y habituarlos a la drogadicción, en dependencia permanente con la necesidad de acudir a establecimientos y requerir los servicios de salud; transformándonos en una sociedad drogadicta no solo psicoactiva, sino medicinal para obtener alta rentabilidad comercial con las constantes ventas de medicamentos que diariamente formulan, suministran y requieren los ignorantes pacientes, víctimas de degradación y perversidad, sobre la cual las autoridades de control pasan inapercibidas o se hacen los de la vista gorda, omitiendo y acolitando acciones insólitas, pisoteando la ética y la buena fe en los servicios de salud, ordeñando fuentes de enriquecimientos, fundamentado en el aprovechamiento y la corrupción.
No hay mejor negocio nacional e internacional que el comercio y venta de drogas lícitas e ilícitas, sin control de precios, sin tener en cuenta causas y grados de dependencia, indiferentes de las mafias que produzcan y distribuyan en comercializaciones estimuladas por retribuciones económicas, de acuerdo al consumos habitual y nuevas víctimas que afianza en el negocio a su favor en escalas piramidales utilizando y comprometiendo en los negocios a dueños de clínicas, directores de hospitales, médicos especializados, farmacias y comercializadoras de medicamentos y elementos en servicios de salud.
Algunas farmacéuticas invitan a profesionales de la salud, en vacaciones o eventos instructivos, asumiendo costos totales de comisión y gastos en términos de duración, para ilustrarlos e instruirlos en estrategias de negocios sobre salud con el objeto de exprimir el sistema a cargo del Gobierno nacional, que carece de plataformas operativas para consolidar manejos operativos, controles y estadísticas en general, de clientes enviciados en drogas formuladas y clasificadas en costos promedio por enfermedades individualizadas y números de personas afectadas, enfermas o dañadas como consecuencia de efectos secundarios de drogas recetadas por prescripciones médicas.
La peor desgracia de la salud ha sido quedar bajo el dominio de los carteles o bandas politiqueras y corruptas, que han venido gobernando la República de Colombia sin escrúpulos ni sentido humanitario, apropiándose y robándose los recursos públicos destinados a la atención de servicios de salud, robusteciendo las codicias y avaricias que los caracterizan, esquivando responsabilidades y encubriéndose en apariencia e hipocresía.
La vigencia de la Ley 100/93, abrió la oportunidad para que los parlamentarios montaran EPS, IPS o suministraran provisiones de drogas, las cuales beneficiaban en doble calzada a los concesionarios que explotan rentabilidad del servicio y a la vez, a título de peajes o comisión, a la organización paramilitar denominada Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, apoyada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en compensación al respaldo paramilitar que hicieron posible triunfar por dos veces en elección presidencial ganando en una sola vuelta. La citada Ley condicionó y limitó la duración de las consultas, tratamientos terapéuticos, procedimientos quirúrgicos, suministro de drogas y demás elementos medicinales. Implementaron auditorías con el objeto de verificar el cumplimiento de directrices limitantes y restrictivas internas a médicos en la prestación de los servicios profesionales relacionados con la atención de consultas y remisiones, estableciendo un mínimo de siete pacientes por hora y recetar únicamente medicamentos que tuviese relacionados en el listado que le entregaban para formulación a pacientes.
Cuando los médicos se salían del delineamiento previsto, los desvinculaban del servicio por terminación unilateral del contrato donde ganaban un misero sueldo, con retardos y mora en los pagos, afectando a operadores de la salud: médicos, enfermeras, auxiliares y demás servidores. A las EPS les encantaban los fallos de tutelas que obligaban a cumplir con soluciones, aprovechando las órdenes judiciales y circunstancias para facturar cuentas infladas o clavijadas hasta en más de un 300% del costo normal en precios sin reparos ni objeciones, ni mucho menos operaciones de auditorías de la autoridad competente para efectos de verificaciones y confrontaciones de costos preestablecidos. ¿Cómo podría considerarse o calificarse esa clase de servicio manejado por personas sin conocimientos operativos de salud utilizando a los médicos y enfermeras como serviles sujetos a sus caprichos, pretensiones e intereses ejercidos sin controles?
Los costos de drogas prescritas a enfermedades incurables tales como: cáncer, sida, lupus, Alzheimer, diabetes, cirrosis, cardiopatía, infecciones respiratorias, tuberculosis entre otras, son demasiado costosas pero son consentidas para las farmacéuticas que las patentizan para explotar el negocio ofertado por gobiernos que asumen costos y financiación de tratamientos a personas de escasos recursos afiliadas al sistema de salud pública.
¿Cómo justificar los altos precios de drogas medicinales de conformidad con insumos y elementos integrales, utilizados en la elaboración masiva de producción? ¿Será lógico pagar de 5 a 10 veces el valor de determinadas drogas recetadas para enfermedades incurables? ¿Qué ha hecho la Organización Mundial de la Salud-OMS, para controlar los precios de las drogas y promover la cura de las citadas enfermedades? No hay interés de curar enfermedades declaradas incurables que son rentables económicamente, tratadas con paliativos de mejoría hasta que Dios disponga sobre el afectado paciente.
Negar el suministro de drogas a pacientes víctimas del uso permanente hasta la muerte, en mercados de servicios de salud generador de efectos secundarios causados por los consumos medicinales, colocan en peligro muchas vidas humanas cuyas dependencias originan crisis y muertes si no se atienden oportunamente con suministros habituales de drogas. Ocultar las drogas comprometidas en contratación de oferta comercial a términos indefinidos para negársela a los usuarios enfermos argumentando agotamientos y escasez de productos, constituye una acción criminal repudiable.
