Las prohibiciones de portes y tenencia de armas en personas particulares es lo adecuado en prevención de los peligros que genera el uso desproporcionado e ilimitado de los negocios de armas, porque éstas no sirven sino para intimidar y matar, que no es nada bueno en convivencia social y comunitaria.
No soy partidario de usar armas sin motivos y justificación, pero es importante conocer las condiciones de peligro latente y las desprotecciones en que nos encontramos, frente a la necesidad de defenderse legítimamente de las agresiones extrañas que nos acechan y sorprenden desprevenidamente de manera criminal, acentuando la zozobra, el miedo y el terror.
No comulgo con quienes se aferran en mantener las prohibiciones sin excepciones del uso y porte de armas de fuego, en concordancia con el decreto expedido por el presidente Iván Duque, en el que prorroga la prohibición hasta el 31 de diciembre del 2019, con prorrogativa especial por causa de seguridad. La situación de inseguridad que vivimos en Colombia es terrible con la delincuencia organizada y común que ejercen posesión y dominio territorial en las urbes y los campos rurales fuertemente armados, sin temor a las autoridades policivas, gozando más bien de complacencias y apoyos simulados. ¿Si tenemos prohibición de armas por qué tantos crímenes diarios y atentados con armas de fuego? No considero lógico que la prohibición del porte de armas se aplique para unos tolerantes y permisivos para otros. Sería mejor desarmar a toda la delincuencia, aún cuando no sería fácil por el alto riesgo que se corre con la persecución y el desarme por las malas. El control de armas es inoperante y nulo en medio del tráfico de corrupción, partiendo de la comercialización que más de las veces son aprovechadas por bandas y carteles para adquirirlas, sobornando y estimulando a miembros las autoridades con comisiones económicas, a través de intermediaciones onerosas.
La Policía Nacional está cargada, atiborrada, encartada y obstruida con múltiples de funciones cuyas atenciones de servicios son tardías e ineficientes, justificadas en carencia de personal e instrumentos de trabajo. Lo otro es la participación de algunos agentes aliados con las delincuencia en las operaciones y ejecuciones de acciones delictivas, como notoriamente denuncian en los medios de comunicación de manera pública que le han hecho perder la confianza popular a la Policía Nacional, desacreditada y desmeritada por algunos miembros de tan importante y necesaria institución pública, desgraciadamente enfangada por actuaciones indebidas y delictivas de coautoría, complicidad, encubrimiento y tráfico ilegal. Si la Policía hubiese controlado y sometido conjuntamente con el Ejército Nacional a las bandas y delincuencia común, garantizando la seguridad en los espacios y vías públicas, urbanas y rurales, sobraría la expedición de salvoconducto para uso del porte y tenencia de armas. Pero no es así, existe la necesidad de prevenirse y defenderse en la vida e integridad personal de atracos, extorsiones, robos, secuestros y de cualquiera; otras agresiones similares para no dejarse joder, reaccionando en igualdad de condiciones y equilibrio de fuerza.
Antes que rechazar tajantemente las excepciones del porte de armas, protestamos por la inseguridad que tenemos a ver si las autoridades armadas del Gobierno nacional desmantelan y erradican la delincuencia armada. Si la logran de manera total, no hay para que solicitar permiso especial.
Los peligros que genera el mal uso de las armas son indiscutibles, pero no se pueden limitar las prohibiciones en beneficio de algunos y en perjuicio de otros, porque originan desequilibrio y sometimiento. Los seres humanos merecemos la protección y respeto de los mandatarios, pero si estos no son capaces de garantizarla de manera indiscriminada por diferentes conceptos, excusas e indiferencias de las autoridades competentes, no veo porqué reprochar el uso de armas de fuego para defenderse, dejando claro mi neutralidad frente a la tendencia ideológica de izquierda o derecha, que amparan sus ideologías y abusos de mandatos, poderes y gobierno con las armas.
He conocido circunstancias de personas que en el ejercicio de la defensa han matado delincuentes y han sido procesados por homicidio sin atenuantes por el hecho de porte ilegal de armas, como si para defenderse de aterradoras agresiones delincuenciales imprevistas, se requieran tener legalidad de los medios que se utilicen para defenderse. ¿Entonces quién podrá defendernos? Chapulín se murió.