Las pensiones, medio de subsistencia durante la vejez, incapacidad y por causa de muerte, se encuentran en alto grado de insolidez, con pronóstico preocupante de colapsos financieros, por carencia de respaldo económico a futuro. Los fondos de pensiones públicos y privados, subsidiados por el Gobierno, no aguantan mucho para naufragar, de ahí comienza el desbarajuste pensional que afectarán muchas víctimas de quienes devengan pensiones.
La Seguridad Social es una bomba de tiempo u olla de presión. De no blindarse las pensiones con fuertes garantías, en menos de 10 años dejarían en un limbo a quienes disfruten del merecido derecho, o tengan la suerte de pensionarse, cumpliendo los requisitos legales. El gobierno presenta un proyecto de ley, tendiendo a reformar los reconocimientos y manejos de las pensiones, suprimiendo una serie de derechos a los beneficiarios para que los fondos privados se aprovechen de los ahorros cuando no alcanzan el tope requerido para pensionarse, sin poder retirar los ahorros depositados, en condición de indemnización sustitutiva de afilados trabajadores que no logren pensionarse, como ocurre actualmente, apropiándolos a su favor los fondo privados para administrarlo y dosificarlo en forma de goteros deprimente, girándole pagos bimensuales en sustitución de pensión, equivalente desde 40 mil hasta 150 mil.
A la vez, se suprimen con la reforma las primas medias en condición de subsidio del Estado al trabajador respaldando, el reconocimiento del derecho y pago pensional. Para pensionarse de vejez con ahorros de salario mínimo, el trabajador tendría que trabajar unos 60 años o más. ¿Resistirá el cuerpo laborando y esperando con escasez de trabajo? De esa manera, pretenden saturar las brechas profundas, causadas por la corrupción y desempleos por falta de promociones y apoyo para abrir espacios de oportunidad laboral.
También eliminan pensiones e indemnizaciones sustitutivas a beneficiarios. Si el futuro de las pensiones es oscuro, el presente es gris. Es doloroso observar y ser testigo de las formas como maltratan a las personas en exigencia y reclamo de lo indebido y adquirido en los trámites y reconocimientos, al derechos y prestaciones ganadas con el fruto del trabajo.
Cuando se logran superar trabas, indignidad, omisiones y burlas; de los operadores, que tienen a su cargo la autoridad pensional, vienen los desconocimientos en liquidaciones, infundadas y caprichosas. Niegan y rechazan, con mañas, fundamentando falsos incumplimientos de términos, en lo relativo aportes y documentos, expedidos y archivados por citada autoridad en hojas de vida y expedientes de trámites susceptibles, vital y esencial, atentando contra la dignidad y derechos humanos. Igualmente se niegan, a reponer y corregir, errores, irregularidades e ilicitudes; argumentado en recursos defensivos, incurriendo en prevaricato por acción y omisión, cuando confirman acto administrativo implícito en dolo y contrario a la ley. La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, debe inspeccionar los procesos de trámites administrativos de pensiones y sustituciones indennizativa en la UGPP, para que perciban la forma cómo se violan los derechos de quienes los solicitan y reclaman de manera reprochables, desconociendo sin desvirtuar los recursos de ley, confirmando sin motivación ni consideraciones, violando normas legales e incurriendo en conductas delictivas y disciplinarias.
La autoridad penal y ordinaria deben asumir la debida investigación, inspeccionando, practicando auditoria y convocando públicamente a los usuarios que tramitan pensiones e indemnizaciones, de manera directa o a través de abogados apoderados para que rindan versiones voluntarias, aportando pruebas y grabando testimonios. No es de buen gusto el maltrato sentimental y moral que sufren los usuarios, afiliados o cualquier persona de manera general, que formule solicitudes formales, relacionadas con las funciones públicas.
La referenciada entidad pública, (UGPP) que reemplazó a Cajanal, debe ser controlada y sancionada, sino justifica legalmente el comportamientos decisivos, plasmado en algunos trámites en comparación con otros, por las mismas causas y derechos, para diferenciarlo, beneficiando algunos y perjudicando a otros que quedan en la deriva, sin disponer de medios económicos para contratar los servicios de abogados, que por cierto, guardan silencio y esquivan la correspondiente prestación del servicio a quienes los necesitan por falta de garantía para los profesionales del derecho, argumentando que todo lo niegan, muchas veces sin razones legales.
