Hoy escribo con la responsabilidad que me impone mi condición de veedor ciudadano. Lo que ocurre en Uribia, La Guajira, con el modelo etnoeducativo no es un problema menor ni una queja aislada: es una degradación de la dignidad humana que tiene nombre propio y también responsables directos, empezando por el alcalde municipal.
Los decretos 2500 de 2010 y 1953 de 2014 crearon un modelo de contratación de la administración educativa con autoridades tradicionales indígenas, en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio.
La intención era noble: reivindicar la autonomía cultural del pueblo wayuú y garantizar una educación pertinente en sus territorios. Pero en Uribia, capital indígena de Colombia, resultó peor el remedio que la enfermedad.
¿Qué está pasando? Los docentes contratados se han convertido en víctimas de un sistema perverso donde la condición para mantenerse en el territorio es pagarle cuotas a líderes y autoridades tradicionales.
Tengo pruebas de consignaciones de dinero que hacen los maestros de su sueldo a quien controla la comunidad “para que los dejen trabajar».
Maestros que costean de su bolsillo el transporte escolar, construyen con su propio dinero las enramadas donde dictan clases y, para colmo, le pagan a los padres de familia para que matriculen a los niños, para lograr cobertura porque sin cobertura no hay contrato.
¿En qué mundo un maestro le paga al padre para que envíe a su hijo a la escuela? ¡En Uribia!
La precarización salarial es infame: llevan cinco años devengando lo mismo, sin que se reconozca siquiera el IPC. Un licenciado en Uribia gana un millón de pesos menos que uno en Maicao, aunque Uribia tenga condiciones geográficas de extrema dificultad.
Hay uniones temporales que pagan más que otras por el mismo trabajo, evidenciando un manejo discrecional de los recursos.
Y un profesional universitario devenga casi lo mismo que un bachiller como agente educativo de primera infancia del Icbf. Eso no es etnoeducación: es una sinvergüenzura institucionalizada.
¿Y el alcalde de Uribia? Sabe todo. Lo conoce todo. Y no hace absolutamente nada. Su omisión no es negligencia sino complicidad. El alcalde tiene la obligación constitucional de garantizar la prestación adecuada del servicio educativo como entidad territorial certificada, y su silencio ante la extorsión y la precarización de los docentes lo convierte en otro responsable directo.
No se puede gobernar de espaldas a la realidad cuando esa realidad la padecen los maestros que enseñan en territorios donde ni siquiera hay un aula digna.
Hago un llamado enérgico y público: ¡señor alcalde de Uribia, haga algo, ponga orden! La Gobernación de La Guajira debe intervenir con urgencia, que el Ministerio de Educación conozca esta situación, que la Procuraduría General investigue de oficio las irregularidades, y que la Defensoría del Pueblo active todos sus mecanismos para proteger a estos educadores amordazados por el miedo.
Los sindicatos de maestros también tienen una deuda pendiente: ¿dónde están? solo aparecen para cobrarles cuotas de afiliación, pero jamás para defenderlos del abuso sistemático.
Eso es abandono gremial y es tan grave como el abandono estatal.
La solución existe y el Gobierno Nacional ya la trazó mediante el Decreto 1345 de 2023 que creó el régimen de carrera especial para Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas, permitiendo su vinculación a la planta mediante nombramiento en propiedad y en tal sentido se debe acelerar su implementación en Uribia.
Que nombre en propiedad a estos docentes para acabar ese mercado de la dignidad humana. Un maestro nombrado no tiene que pagarle a nadie para enseñar. ¡Eso qué es!
Mejorar la calidad de vida de un educador no es un gasto: es la mejor inversión que puede hacer una sociedad. Un maestro estable, respetado y valorado enseña con compromiso y con la serenidad que merece quien forma seres humanos.
No voy a callar. No voy a mirar para otro lado. Seguiré denunciando esta situación que se está presentando con los maestros contratados, porque la educación en La Guajira no puede seguir siendo un mercado de extorsión donde los maestros pagan por enseñar y el Estado cobra con su silencio.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…”
