Desde el 9 de mayo de 1834, fecha en que fue creado y legislado el escudo de armas de la República de Colombia, y posteriormente, reglamentado el 9 de noviembre de 1949, existe en nuestro país el emblema, Libertad y Orden.
Setenta años después del gobierno de Francisco de Paula Santander, aún persiste en la nación y en este importante símbolo patrio, la imagen patriótica de un cóndor majestuoso con sus alas extendidas y mirando hacia la derecha, sosteniendo de su pico una corona de laureles de color verde y una cinta color oro, entrelazada en la corona, en la cual aparecen en letras negras y con mayúscula, las palabras: Libertad y Orden. Que, desde entonces, se han convertido en el lema de la nación. Hoy en un acto de reflexión y profunda maduración interior, me pregunto y lo comparto con mis lectores para su análisis también: ¿Será que en nuestro país se cumple el lema de Libertad y Orden?
En este país de cuarenta y ocho millones de habitantes, rico en fauna y flora, multiétnico y pluricultural, con diversidad en su clima, en su territorio, en su población y en el pensamiento y la ideología de su gente. Un país rebelde frente a la inequidad y las desigualdades, por lo cual le tocó soportar medio siglo de guerra interna. Un país de regiones periféricas que rechaza la rancia aristocracia centralista y excluyente que le ha abierto paso a las ideas de izquierda como alternativa de poder creíble. Una Colombia superpoblada como país receptor de inmigrantes de la hermana República Bolivariana que vienen venezolanizando nuestro territorio. Ese mismo país que hoy decide salir a las calles a reclamar sus derechos y a decirle al Gobierno nacional que las cosas no van bien, que se necesita recomponer el rumbo de las políticas públicas económicas y sociales de la nación. Con una población que hoy reclama Libertad y Orden en sus instituciones y que se le escuche y se le incluya en las decisiones más importantes de la vida nacional. Un pueblo que sale a marchar pacíficamente, pero que sobre la marcha termina en desmanes, saqueos, incendios e infiltraciones del lumpen y los rebeldes frente al régimen y al Estado.
Indudablemente, que Colombia necesita Libertad y Orden en la democracia participativa y el ejercicio de la misma, en las instituciones político-administrativas, en el ejercicio de la participación ciudadana y en la garantía de los derechos fundamentales. También es incuestionable, que el hombre cambia de opinión cuando cambian las circunstancias. Hoy nuestro presidente tiene la encrucijada del alma, debatiéndose en las elucubraciones que para él y el país significan, la mermelada, el progreso y la paz. Tarea nada fácil para ningún mandatario, menos para el presidente de un país como Colombia, que siempre está en tormenta y donde el tsunami es muy recurrente.
Es imperativo cumplir el lema nacional de Libertad y Orden, el pueblo y la patria así lo reclaman. Lógicamente, sin detrimento de la calidad de vida de los colombianos, ni de la paz, poniendo por encima siempre, el derecho prevalente de la niñez y el préstamo que nos hacen de su futuro. La garantía del derecho fundamental a la vida y la libertad de los colombianos está en juego. Pero esto solo se consigue con un orden justo. Ordenando la casa, ordenando las instituciones públicas, ordenando el ejercicio del poder político y respetando las libertades de los que piensan distinto y son diferentes. Como lograrlo, es el gran desafío del Gobierno nacional y sus entidades territoriales. Pronto asumirán 32 gobernadores y 1.101 alcaldes en Colombia, y no hay mejor coyuntura política para trazar el nuevo rumbo y el direccionamiento político y estratégico de un país que reclama cambio, que reacomodando las piezas del ajedrez político. En este país hay que ordenar el estado de cosas que están desordenadas. Y si la población quiere que respeten sus libertades, es bueno recordar que las libertades de uno llegan, hasta donde comienzan los derechos de los demás.
En ese orden de ideas, hay que trazar de nuevo el mapa desde sus regiones, pintándolo y coloreándolo como manda la democracia y lo exige su población. Atendiendo los derechos fundamentales con una sociedad más incluyente, donde todos quepan, con sus diferencias y coincidencias, hasta alcanzar juntos propósitos comunes. Es decir, restaurando a Colombia desde sus territorios y no desde los escritorios.
